Cuatro de cada cinco fallecidos en Burgos por la covid-19 son usuarios de residencias, según el PSOE

La crisis sanitaria se ha cebado con los más mayores y, en especial, con los centros asistenciales. La procuradora socialista Noelia Frutos ha recordado que no solo se trata de las personas fallecidas, o de los contagios registrados, sino que en Burgos se ha tenido que intervenir a dos residencias de Adrada de Haza y Briviesca. Y la Junta ha actuado también en el centro El Racimo de Villalmanzo.

«El modelo de residencias de Castilla y León ha hecho aguas», insiste Frutos, quien reclama recuperar el modelo público que el Partido Popular ha ido relegando en favor de las iniciativas privadas. Actualmente, de las 6.830 plazas existentes en Burgos, el 68,24% son privadas y el 31,76% restante son públicas o concertadas. Y, en esta pandemia, este modelo ha sido «demoledor» para la provincia.

El plan de choque que defiende el PSOE en Castilla y León apuesta por una unificación en la gestión de las residencias públicas y privadas, con control exhaustivo, mientras se recuperan las plazas públicas. Cuando Castilloa y León asumió las competencias había 3.700 plazas públicas, ha recordado Frutos. Ahora hay 2.053 en Burgos. Y, en esta crisis, está resultando más complicado recibir información de las privadas.

«Necesitamos tener datos reales», ha apuntado la procuradora Virginia Jiménez, quien exige a la Junta que asuma sus responsabilidades. Castilla y León «ha padecido» durante muchos años las políticas del PP, pero ya no se pueden «consentir» por más tiempo. De ahí que el PSOE reclame a la Junta que contribuya con fondo extras a las diputaciones y ayuntamientos, para ayudarles a sufragar la covid-19.

En las residencias se necesita más personal, más equipos, más recursos. Y en los municipios han aumentado las solicitudes de ayudas de urgente necesidad. «La Junta debe de dejar de ser un menor gestor de los fondos que el Gobierno reparte a las comunidades autónomas y arrimar el hombro», apunta Noelia Frutos. También, asumir las competencias en materia de residencias y liberar a la Diputación de los cinco centros que soporta con sus propios recursos.