El acusado de matar al escayolista de Miranda, «culpable de causar la muerte intencionada»

Y para llegar a esa conclusión, el jurado se fundamenta en las llamadas grabadas que efectuó el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Segovia al estar inmersa la familia de D. D. J. en un posible delito de tráfico de drogas. «D. D. J., nervioso al echar en falta droga y pensar que se la habían quitado, bajó al octavo con la pistola», han agregado.

En el piso de la víctima, D. D. J., «en una distancia corta y sin que se pudiera defenderse F. J. M. G., le disparó, con la imposibilidad de que fuera a cañón tocante, entrando la bala por el dorso izquierdo y saliendo por el abdomen, según el informe del forense»., han afirmado en uno de los puntos de la lectura del veredicto, en el que también se ha incidido en el tiempo que tardó la víctima en desangrarse. «Fue al menos media hora. Según el testimonio del médico forense, F. J. M. G. podría haber sobrevivido», han agregado por unanimidad todos los miembros del jurado.

Asimismo, el jurado también ha declarado culpable a D. D. J. de un delito de tenencia ilícita de armas al «poseer un zulo en su vivienda en el que se halló munición del mismo calibre».

De esta forma, D. D. J. se podría enfrentar a penas de 22 años de prisión, solicitud del abogado de la familia de la víctima por un delito de asesinato con tenencia ilícita de armas. Por su parte, la Fiscalía pide 20 años de cárcel por los mismos delitos.

El abogado defensor, sin embargo, solicita que se califique la muerte de homicidio doloso con una pena de cinco años menos un día y otro año por la tenencia de armas, pues el jurado ha tenido en cuenta los atenuantes de la confesión de los hechos y la consignación de 5.000 euros en concepto de responsabilidad civil efectuado al inicio del juicio.

Precisamente, el abogado de la familia de F. J. M. G. pide 70.000 euros para cada uno de los dos hijos y otros 20.000 para la hermana.

Sobre los otros dos acusados (C. S. A. y J. G. C.), por un delito de encubrimiento (deshacerse del cadáver), el jurado afirmó quedar probado «los hechos al reconocerlos los acusados durante su declaración». Tanto C. S. A. como J. G. C. se enfrentan a penas de entre seis meses (solicitud de su letrado) y un año (petición de la acusación particular y del Ministerio Público).

En la última sesión, en el turno de la última palabra, los tres acusados han pedido perdón a la familia, mientras que el acusado de asesinato ha reiterado que fue un accidente.