Iglesias consigue hacerse un hueco en los planes económicos de Calviño

En Moncloa asumen que sus políticas «han experimentado un giro» desde las primeras acciones, vinculadas a los avales públicos aplicadas tras el decreto del estado de alarma, hasta llegar a las inyecciones de dinero del último Consejo. Aunque, en realidad, la de mayor calado económico fue la primera que se puso en marcha: la flexibilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), cuyo importe está aún por ver, aunque será millonario en concepto de prestaciones. Mucho más dinero, apuntan en el Gobierno, que los aproximadamente 400 millones que costarán los planes anunciados por Iglesias. Aunque el vicepresidente ha logrado aparecer con su agenda «social».

Ninguna fuente habla de un Gobierno dividido, pero sí de posturas encontradas, tal y como reflejó la rueda de prensa del martes, o el extenso proceso de publicación del decreto sobre la parálisis de las actividades no esenciales el domingo a medianoche. De un lado, Nadia Calviño, más ortodoxa en sus planteamientos a pesar de que la coyuntura ha cambiado en apenas medio mes; en parte está apoyada en la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, guardiana de la estabilidad presupuestaria. En el otro extremo el propio Iglesias junto a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y como «punto de equilibrio» ha emergido la figura del titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá. «Está sirviendo de punto intermedio, sabe dónde hay que estar en cada momento económico», admiten en una parte del Gobierno.

El decreto de hibernación empresarial fue otro de los puntos conflictivos entre ambas partes. Aunque fuentes económicas del Ejecutivo recuerdan que a pesar de los borradores, propuestas e ideas filtradas, al final «lo importante es el BOE». Esas mismas fuentes explican la distancia que hay entre los textos que van apareciendo en los medios o redes y los que salen publicados oficialmente. Ahí Nadia Calviño sigue teniendo el mando, apuntan.

Por ahora, no preocupa el efecto sobre el déficit público ni la deuda. Porque saben que se van a disparar. No se trata de derrochar, pero, ante un parón histórico como el que se ha impuesto a la actividad, en el Ejecutivo asumen que se han desplomado ya los ingresos por IVA así como los del Impuesto de Sociedades. Y que, al mismo tiempo, el gasto en prestaciones por desempleo será muy abultado. A modo de ejemplo, en el pico de la anterior crisis, en un año el Estado llegó a destinar 30.000 millones de euros al paro, casi el déficit actual.

Los agentes económicos no cuestionan tanto si se debe ayudar o no a una sociedad en apuros, sino que el Gobierno debe hacerlo «yendo con cuidado en la gestión de todo este presupuesto, con mucho cuidado», sostiene Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas. «Ya no solo se trata de si se puede pagar o no lo que se propone, sino de si esta medida o aquella van a ser eficientes, si pueden facilitar el fraude...», explica. Pich valora que se hable de economía social, pero echa en falta «tratar la realidad de las empresas, que son las que generan los puestos de trabajo».

Sobre ese apoyo a las empresas, Aitor Méndez, de IG, considera que «entre el arsenal desplegado se echan en falta medidas para proteger más a las pymes y autónomos, para los que las medidas han tardado en llegar y no lo han hecho con la contundencia que se esperaba».

En ese sentido, el director de Deusto Business School, Iñaki Ortega, considera que el Gobierno ha actuado «con cierta precipitación» en cuanto a las medidas que ha aprobado. «Se han contado las cosas antes de que se hiciesen y estamos hablando del BOE, no de un programa electoral», apunta Ortega. Este experto considera que Unidas Podemos «ha conseguido colar más peso del que tiene en el propio Gobierno» en esta crisis. O al menos de cara a la galería, afirma al explicar su «temor» a que «un plan excepcional como el que se ha aprobado» acabe convirtiéndose «en una política económica estructural» intervencionista.