El Gobierno evoca los Pactos de la Moncloa para escepticismo de socios y oposición

La España de 1977 poco tenía que ver con la actual. El dictador Francisco Franco había muerto hacía poco más de año y medio y aún había que crear una arquitectura institucional propia de la democracia cuando se vio golpeada de lleno por la crisis mundial causada por el encarecimiento de los precios del petróleo tras la guerra del Yom Kippur de 1973 entre árabes e israelíes. Aquel año, la inflación llegó a bordear el 30%. Y Adolfo Suárez y su vicepresidente, el reputado economista Enrique Fuentes Quintana, tuvieron la habilidad de incorporar a las principales fuerzas políticas a una respuesta que, pese a su elevado coste para los trabajadores, también suscribieron los sindicatos.

«Si nos planteamos un proyecto de país –dijo José Luis Ábalos en una entrevista en RNE– conseguir la mayor concertación y acuerdo siempre fortalece». El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE matizó que no es que el Ejecutivo piense «exactamente esa figura». «Pero sin duda –añadió– cualquier otra que supusiera un acuerdo en ese sentido para sacar adelante el país al Gobierno le parece bien». En una línea similar, el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, defendió como «absolutamente necesario» recuperar la unidad. «Sería extraordinariamente positivo que pudiera haber un gran acuerdo que nos ayudara a una recuperación lo más inmediata, contundente y de fondo posible», argumentó.

El discurso, sin embargo, tuvo una fría acogida no sólo entre los partidos que ejercen la oposición sino también entre quienes, hasta hace apenas un mes, se contaban entre los socios parlamentarios del Gobierno. La mayor parte de las formaciones lleva días echando en cara a Sánchez que no se les dé participación en la toma de decisiones. El Ejecutivo aduce que está obligado a actuar con la máxima celeridad ante una crisis «que es dinámica y no estática».

Ábalos aseguró que Sánchez se pondrá en contacto con los representantes de las fuerzas políticas en los próximos días, pero lo cierto es que, pese a las múltiples declaraciones en ese sentido, hasta ahora, no ha habido un ejercicio de aproximación siquiera para garantizarse la convalidación de decretos tan discutidos como el que afecta a la actividad de la industria o el que prohíbe despidos.

De momento, ni siquiera hay fecha para llevarlos al Congreso. Y a eso se une otro dato que también suscita cierta controversia. Mientras duren las medidas de confinamiento, el Parlamento funcionará al ralentí. Por eso, la Mesa decidió suspender el cómputo de plazos reglamentarios de las iniciativas en tramitación. Lo pidieron algunos grupos, pero uno de sus efectos es que los decretos que la oposición ha pedido tramitar como proyecto de ley también entran automáticamente en el congelador; algo que pasó, por ejemplo, con uno de los que recogen medidas económicas y en el que también se coló de rondón el cambio legal para dar entrada a Pablo Iglesias en la comisión que controla el CNI.

El malestar de la oposición y de los antiguos aliados se pudo constatar perfectamente en la comisión de Sanidad en la que este jueves compareció el ministro Salvador Illa. Aunque en Génova aseguran que si Sánchez llama a su líder, Pablo Casado, este «le atenderá como siempre», los populares aprovecharon su intervención para acusarle de usar el estado de alarma como «carta blanca» para actuar a su antojo. El principal partido de la derecha, además, da poca credibilidad a la oferta de mano tendida porque asegura que el Gobierno de coalición está ofreciendo respuestas de una enorme carga ideológica a la situación.

Más allá del PP, en todo caso, es significativa la posición del PNV y de Esquerra Republicana. Los primeros, demandan al Gobierno «que se deje de globos sonda y hable claro». «Desconocemos en qué está pensando –dicen– porque precisamente no hay diálogo fluido y no cuenta sus planes, ni con antelación ni a futuro». Los secesionistas fueron aún más tajantes y mostraron abiertamente su suspicacia ante el planteamiento de Ábalos, que equipararon a una «gran coalición». «Si alguien se cree que esto se arregla con las soluciones de las derechas –replicaron en un comunicado– es porque no tiene memoria».