Gobierno y PP colisionan por el papel de la Fiscalía con el rey emérito, el 8-M y Trapero

El enfrentamiento sin concesiones que mantienen Gobierno y oposición ha encontrado terreno fértil en las tres últimas decisiones del Ministerio Público. Para el PP, nada es casual con la exministra Dolores Delgado al frente de la institución. Para el Gobierno, todo es fruto de «la autonomía e independencia» de la Fiscalía.

En la Moncloa no hay dudas de que el líder de la oposición pretende desalojar del poder a Pedro Sánchez al precio que sea. Recuerdan que ya en el debate de investidura en enero, Casado tachó de «ilegítimo» el Gobierno de coalición, y no lo hizo por el fragor del momento. Aquella acusación, dicen destacados miembros del Ejecutivo, fue la carta de presentación de la oposición que se avecinaba, y la pandemia de la Covid-19 ha proporcionado el caldo de cultivo adecuado.

La ministra portavoz recurrió este martes a un comentario que hizo el líder del PP el lunes en la reunión de la Junta Directiva Nacional de su partido para sustentar ese análisis. «Esta crisis -dijo Casado- además de sufrimiento y dolor, está generando también un capital nacional que no tenemos derecho a desaprovechar (...) Tenemos que hacer de esta tragedia el inicio de la mejor España posible, y no una nueva oportunidad para quienes pretenden destruirla». Unas palabras que, según María Jesús Montero, serían la prueba definitiva de que el PP quieren aprovechar la crisis sanitaria para «cumplir su único objetivo, que es intentar tumbar al Gobierno».

Ahora, prosiguió la portavoz tras la reunión del Consejo de Ministros, el argumento es la actuación de la Fiscalía, que sirve de pretexto a la oposición para «no hablar de los temas que interesan a los ciudadanos» y alimentar, en cambio, «el ruido permanente». A su lado, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, corroboró sus palabras: «La derecha y la ultraderecha quieren llevarnos al terreno del berrinche y la pataleta».

En el PP no esconden que ven factible un adelanto electoral para el próximo año porque la gestión económica y social de las pospandemia hará saltar por los aires la coalición gubernamental. Pero este es el momento de hablar de la Fiscalía a las órdenes de la exministra socialista de Justicia, y que en 48 horas ha impulsado una investigación en el Tribunal Supremo de las presuntas actividades financieras ilícitas del rey Juan Carlos, ha pedido el archivo de la causa de las manifestaciones del 8-M y ha rebajado en la Audiencia Nacional la acusación a Trapero de rebelión a sedición en el referéndum del 1-O

El secretario general de los populares acusó a Delgado de ser la «fiscal patriótica» al servicio del Gobierno de Pedro Sánchez. Teodoro García-Egea sostuvo en una entrevista en Onda Cero que la Fiscalía, con su petición de archivo de la causa del 8-M, pretende «tapar algo» porque el Gobierno disponía, a su entender, de información suficiente para no haber permitido por razones sanitarias las manifestaciones feministas del 8-M.

Antes que García-Egea, el portavoz de Justicia del PP en el Congreso, Luis Santamaría, sostuvo que la rebaja de la acusación de la Fiscalía al mayor de los Mossos d'Esquadra evidencia la «nauseabunda y obscena ocupación de las instituciones y su puesta al servicio del proyecto de ocupación del poder» de Sánchez.

Algo que no debería extrañar a nadie, apuntó el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, porque el presidente del Gobierno ya dejó claro en una entrevista en RNE en noviembre pasado su concepto de la nula autonomía del Ministerio Público. En aquella ocasión, Sánchez hizo una pregunta retórica, «¿La Fiscalía de quién depende?». Del Ejecutivo, respondió el periodista. Y Sánchez concluyó: «Pues ya está». Con ese enfoque de la división de poderes, añadió Montesinos, está fuera de discusión que el Gobierno «está erosionando las instituciones públicas».

Nadie en el PP cuestiona en público, al menos hasta ahora, la decisión del fiscal del Supremo, José Ignacio Campos, de abrir una investigación al rey emérito por el supuesto cobro de comisiones ilegales por el contrato de construcción del AVE en Arabia Saudí. El mensaje oficial es que «la justicia es igual para todos».

Pero en privado dirigentes populares ponen en tela de juicio «la oportunidad» del momento escogido, y el deterioro que va a acarrear para la imagen de Felipe VI y de la Corona, en un momento en que el Gobierno está respaldado por fuerzas abiertamente republicanas e independentistas.