La Fiscalía del Supremo investiga al rey emérito por el AVE a La Meca

Esta investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el rey Juan Carlos dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado.

«Resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente a don Juan Carlos, quien -como es sabido- se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo», dice el comunicado enviado este lunes por el Ministerio Público.

El fiscal anticorrupción Luis Pastor ha sido quien ha llevado las pesquisas y estaba a la espera se recibir un informe clave de sus colegas suizos sobre una investigación abierta en 2018 sobre los presuntos testaferros de don Juan Carlos I, el abogado Dante Canónica y el gestor Arturo Fassana. Además, el pasado octubre, el fiscal suizo Yves Bertossa se comprometió en Madrid a enviar la documentación que afecta al rey emérito, a quien las autoridades suizas no tienen competencia para investigar. Dicho informe no ha sido recibido aún.

Este pasado viernes la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó un decreto en el que designa para esta investigación al Fiscal de Sala del Supremo de la especialidad de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos Campos, quien al conocimiento exhaustivo de lo que se denomina Derecho penal económico, suma su dilatada experiencia como Fiscal Jefe de una de las secciones penales de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Dada la transcendencia institucional de esta investigación, se designa a quien dentro de la más alta categoría de la carrera fiscal, reúne una extraordinaria cualificación y experiencia, dice el comunicado del Ministerio Público.

El escudo de la inviolabilidad del rey Juan Carlos mientras fue jefe del Estado (1975-2014) será el meollo jurídico de los diferentes frentes procesales que el emérito tiene en ciernes. No solo en España, con esta investiación abierta por Anticorrupción sobre las presuntas comisiones en el AVE saudí, sino también en Suiza, donde la Fiscalía de Ginebra tiene diligencias abiertas desde 2018 por presunto blanqueo de capitales, y en Reino Unido, donde Corinna Larsen ha anunciado una demanda por el acoso sufrido «hasta hoy».

Más allá de las revelaciones del 'caso Villarejo' en el verano de 2018, el giro inmediato de los acontecimientos tuvo lugar el pasado 4 de marzo. 'La Tribuna de Ginebra' publicó que don Juan Carlos tenía una cuenta en un banco suizo radicado en Bahamas. Estaba a nombre de la sociedad panameña 'Fundación Lucum'. En ese depósito habría ingresado 100 millones de dólares en 2008 del rey saudí Abdulá. Y de ahí salió en 2012 una entrega a Corinna de 65 millones de euros que ahora investiga Suiza.

Tras conocerse estas informaciones, el abogado británico de Corinna, Robin Rathmell, del despacho Kobre&Kim, salió a escena este 4 de marzo con un comunicado. Admitió que su cliente recibió una «donación» de don Juan Carlos en abril de 2012, después del famoso incidente del safari de Botsuana. Justificó el «regalo» por los cuidados que la familia Larsen había ofrecido al rey emérito cuando estuvo enfermo. Y negó cualquier vínculo del pago con la intermediación de Corinna en la adjudicación del AVE saudí a un consorcio español (fue ejecutado en 2011 por 6.700 millones).

Con este contexto, el domingo 15 de marzo llegó el comunicado de Zarzuela. La nota reconocía de forma implícita la existencia de esa sociedad panameña, de la que el rey Felipe ya rechazó cualquier derecho en abril de 2019. La reacción se produjo tras informar el diario britanico 'The Telegraph' que éste aparecía como segundo benefactor. Pero entre líneas, este comunicado alimentó los indicios delictivos que investigan las fiscalías suiza (blanqueo de capitales) y española (corrupción en negocios internacionales).

Más allá de los pasos procesales que se den, el hecho de que el comunicado de Casa Real del pasado mes de marzo anunciara que don Juan Carlos había contratado a un abogado, el penalista Javier Sánchez-Junco, da buena medida del espinoso horizonte que se le presenta. No obstante, en todos estos frentes parte con una ventaja sustancial: la citada inviolabilidad de sus acciones en el ejercicio de su cargo como jefe del Estado.