El PSOE defenderá en las Cortes que Sacyl ofrezca la interrupción voluntaria del embarazo en el HUBU

Se trata de la segunda ocasión en la que expone esta necesidad en el pleno de esta cámara autonómica. La primera fue el pasado 18 de febrero de 2020, mediante una pregunta a la que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, le respondió que había encargado a la gerencia del Hospital Uiversitario de Burgos, (HUBU), un nuevo proceso de valoración sobre los profesionales dispuestos a implicarse en estas intervenciones y que estimaba que al menos habría cuatro «posiblemente». En ese caso, apuntó la consejera, Sacyl incluiría la IVE en la cartera de servicios.

Sin embargo, hasta la fecha, «la Junta de Castilla y León permite que esta prestación no esté disponible prácticamente en ningún hospital público y tan solo lo ofrecen dos centros privados de la Comunidad, lo que obliga a las mujeres que lo requieren a salir de la red pública y también a viajar a otras provincias o comunidades», explica Puente. Añade que, además, «limita el acceso a una interrupción del embarazo farmacológica».

«El tratamiento farmacológico, siguiendo criterios médicos, permite un uso alternativo hasta al menos la novena semana de gestación, ofrece mayores garantías tanto para la intimidad de la paciente como clínicas, puesto que evita los traumas del legrado y las complicaciones del postoperatorio. Sin embargo, Sacyl solo lo oferta en el hospital de Miranda y su área de influencia, que incluye las Merindades, en el tercio norte de la provincia de Burgos», explica.

El procurador socialista sostiene que la externalización de este servicio supone la asunción de costes innecesarios para las arcas públicas, puesto que los hospitales disponen de los medios necesarios para realizar estas intervenciones. « Por poner un ejemplo, el concierto del hospital de Burgos con una clínica privada de Valladolid para realizar este tipo de tiene un coste para la sanidad pública de hasta 300.000 euros», destaca.

En su opinión, «mantener esta prestación en las actuales condiciones solo puede ser entendido como una forma de resistencia ideológica y de insumisión al ordenamiento legal, impropia de una administración pública que tiene la responsabilidad y la obligación de ofrecer una cartera básica de servicios sanitarios en condiciones de igualdad».

La proposición que defenderá mañana en las Cortes instará a la Junta a adoptar las medidas pertinentes para la creación de los registros de objetores de conciencia en los centros hospitalarios que no dispongan de ellos y a actualizar los existentes.

El grupo Socialista pedirá también el refuerzo de la educación afectivo-sexual de niños y niñas y jóvenes, sobre el fomento de relaciones de respeto, la prevención del embarazo no deseado y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Además, defenderá que se mantengan y potencien los servicios de planificación familiar y se establezca para jóvenes la gratuidad de métodos anticonceptivos.