La jueza prorroga el secreto de sumario sobre la muerte de Esther López

Aunque en las últimas horas han trascendido nuevos datos del informe preliminar de la autopsia que permitirían a la Policía Judicial de la Guardia Civil afianzar la hipótesis del atropello, cumplido el primer mes de secreto expreso de las actuaciones la magistrada instructora del caso ha decidido prorrogar la medida de manera automática para no comprometer la investigación, en el marco de la cual se estarían preparando nuevas detenciones. El secreto de sumario, que está recogido en el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debe retirarse necesariamente diez días antes del auto de conclusión de la instrucción.

Mientras tanto, este régimen de secreto absoluto para las partes (a excepción del fiscal, que como institución tiene acceso en cualquier momento al contenido de las actuaciones) puede ser prorrogado de mes en mes siempre y cuando resulte necesario para evitar un riesgo grave para la vida, la libertad o la integridad física de una persona o, como ocurre en este caso, para prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso.

Fuentes próximas a la investigación apuntaron que la decisión de la instructora de mantener el secreto absoluto de las actuaciones se justificaría todavía más en que hace falta tiempo para obtener y valorar pruebas fundamentales para desentrañar el enigma de la desaparición y muerte de Esther, tanto forenses que permitan determinar si el cuerpo permaneció siempre en el mismo sitio o fue trasladado, así como de periciales técnicas relacionadas con cámaras, triangulado de móviles y mediciones de Tráfico para sustentar la teoría del atropello accidental o intencionado.

Sin embargo, el férreo silencio impuesto por la magistrada durante un mes no ha impedido las filtraciones y las mismas fuentes apuntan a que, tras la precipitación y las presiones contra reloj de la primera fase de búsqueda de la joven de 35 años, se quiere ir con tiento «para que no se repitan errores» y se construya un relato de hechos «fundamentado y coherente» que pueda soportar nuevas detenciones, en el caso de que se identifique al autor o autores de la muerte violenta de la joven y se consiga localizar ese todoterreno azul que podría estar implicado en un supuesto atropello con fuga y, por tanto, en un delito, como mínimo, de omisión de socorro.

Pero, hasta el momento, solo hay tres investigados desde que se denunció la desaparición de la vecina de Traspinedo y, de ellos, uno fue detenido el sábado 22 de enero y, cinco días después, puesto en libertad por la jueza, aunque sometido a vigilancia desde entonces. Ramón García, 'El Manitas', de 48 años, sigue teniendo las mismas obligaciones: no salir de la provincia de Valladolid sin autorización, tiene retirado el pasaporte para garantizar que no abandona el país y tiene que ir a firmar todos los días al cuartel de Laguna.

Este fin de semana se cumplirá un mes desde la imposición de estas medidas. Su letrada no ha solicitado todavía a la instructora que se las retire, aunque fuentes del caso apuntan a que la próxima semana se le podría suavizar la vigilancia. De los otros dos investigados, amigos de la víctima, Óscar y 'Carolo', que han declarado reiteradamente ante la Guardia Civil, no ha trascendido su actual posición en las diligencias.

En este contexto de oscuridad sobre el caso, solo la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virgina Barcones, se ha atrevido a expresar la certeza de que «se va a resolver con total seguridad, se va a conocer lo qué pasó y las responsabilidades que derivan de esos hechos».