La Fiscalía de Castilla y León advierte de que quemar pelusas puede conllevar pena de cárcel

Estas quemas, «que pueden tener graves consecuencias», advierten desde la Fiscalía Superior, son conductas que «pueden ser constitutivas de un delito de incendio, castigado con elevadas penas privativas de libertad» en función del lugar afectado por el fuego (parques naturales y otros espacios protegidos), el riesgo para las personas o que las llamas afecten a masas forestales. Las penas que se contemplan en el Código Penal se endurecieron en la reforma de 2015 y pueden conllevar de 10 a 20 años de cárcel si el incendio provocado ha puesto en riesgo a la población.

Además de alertar sobre esta práctica que es delictiva, y con el objetivo de mejorar la prevención en materia de incendios forestales, los fiscales se han dirigido al Seprona de la Guardia Civil para que intensifique la vigilancia y control en momentos y zonas de mayor riesgo, un mapa en el que figuran vertederos, líneas eléctricas, líneas de ferrocarril, zonas recreativas, de campamentos infantiles y juveniles que están situados en terrenos forestales. Se remitirá la información exacta de estos puntos de alto riesgo de incendio y su localización a las Administraciones competentes, propietarios, empresas titulares de la actividad «a fin de que adopten las medidas procedentes para evitar los incendios forestales».

Ya en la campaña de 2018, el fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher Noguera, requirió a los cuerpos de seguridad que comprobaran las instalaciones y actividades existentes en cada una de las provincias y que, por sus características, presentasen riesgo de ser causantes de incendio forestal y les encomendó que actualizasen aquellas que presentasen riesgo alto, con el fin de disponer de un censo «lo más realista posible» de la situación de cada provincia.

A pesar de que, respecto de 2017, se ha registrado un apreciable descenso de estas zonas en Castilla y León, según la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente correspondiente a 2018, todavía existen en la comunidad 25 vertederos, 110 áreas recreativas consideradas de alto riesgo potencial de incendio forestal. Se mantiene, por el contrario, el mismo número de líneas de alta tensión peligrosas, nueve. Por provincias, en lo que se refiere a vertederos con alto riesgo, Soria, con nueve, y Salamanca, con siete, están a la cabeza de la tabla.

Segovia, por otro lado, es la provincia que concentra todas las líneas eléctricas más peligrosas, nueve; y, en lo que respecta a áreas de ocio y recreativas enmarcadas en zonas forestales donde se tiene que extremar la precaución, la mayoría están situadas en Salamanca (32), Segovia (26) y Ávila (20).

Además, todos los atestados de la policía judicial y los elaborados por el Servicio de Protección de la Naturaleza que impliquen riesgo de incendio forestal serán remitidos desde ahora al fiscal de Medio Ambiente de cada una de las provincias, incluso en aquellos casos donde no haya autor conocido. La finalidad, se explica desde la Fiscalía de la Comunidad, «es disponer de una información global y así poder realizar una valoración que pueda servir en el futuro para impulsar actuaciones que eviten que se provoquen nuevos incendios».

Al mismo tiempo, y en línea con las indicaciones dadas por el fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado (FGE), los fiscales de cada provincia se han dirigido a los respectivos servicios territoriales de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, así como a los ayuntamientos de las «zonas de riesgo» con el fin de que tomen «las medidas adecuadas en relación a los puntos señalados como de alto riesgo en el territorio o en ámbitos de sus competencias».

En ese oficio del fiscal de Sala, del pasado 17 de mayo, se indica a los fiscales provinciales que acentúen la vigilancia sobre la existencia o no de los planes de prevención de incendios en los ayuntamientos en cuyo término municipal existen superficies forestales y, especialmente, en aquellos lugares donde los incendios son más frecuentes. Esta indicación es resultado del plan piloto de la investigación puesto en marcha por la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado el verano pasado en 151 poblaciones de cinco comunidades autónomas, una de ellas, Castilla y León, donde había riesgo de incendio y se habían producido fuegos forestales de manera recurrente con anterioridad. La investigación demostró que la mayoría de poblaciones carecían de un plan de prevención o el que tenían estaba obsoleto. «Se considera conveniente», indica Vercher, que «en los supuestos de grandes incendios, se insten las averiguaciones oportunas sobre la existencia de dichos planes, a fin de valorar, en caso de falta de aprobación de los mismos, la incidencia que esa circunstancia haya podido tener en el resultado producido».