Un sobrecoste de cifra incierta: el incauto convenio del desvío ferroviario

Vayamos por partes, o por tramos, pues fue así como que se construyó el desvío ferroviario. En enero de 1998, el Ministerio de Fomento, Renfe, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento sucribieron un convenio para acometer el importante proyecto que permitiría, en 2008, desviar el tráfico ferroviario, sacando los trenes de la ciudad, y construir una nueva estación (allá, por la ciudad del AVE).

En dicho convenio se estimaba el coste de la obra en 17.000 millones de pesetas, lo que al cambio venían a ser 102,7 millones de euros. El reparto de financiación era simple: 50% el Ministerio de Fomento, 25% la Junta y 25% el Ayuntamiento (aunque no se cumplió). Sin embargo, el acuerdo tenía unas condiciones «leoninas, que perjudican seriamente el interés de la ciudad», recuerda Daniel de la Rosa, portavoz del PSOE en el Consistorio.

Y es que el Ayuntamiento se comprometió a asumir cualquier sobrecoste que se produjese, toda cuantía a mayores de los 17.000 millones de euros previstos. Y eso que no se tenía ni estudio informativo de la obra ni proyecto definitivo cuando se suscribió este convenio, con el Partido Popular al frente de las tres administraciones. «Nos la metieron doblada», insiste De la Rosa, pues muy pronto se vio que la broma del sobrecoste iba salirle cara al Ayuntamiento.

Retrasos en el inicio de las obras, divididas por tramos; paralizaciones y problemas administrativos; y modificados del proyecto inicial como la inclusión de la tercera vía para el AVE fueron incrementando el coste de las obras, y a día de hoy continúan sumándole millones. Fomento ha tenido que soportar numerosas reclamaciones por daños y perjuicios de las empresas constructoras, siendo la última en resolverse la relativa a la construcción de la estación de tren, con el pago extra de 7 millones de euros.

Así las cosas, nadie parece saber con exactitud cuánto ha costado la variante ferroviaria, entre el incremento del presupuesto durante el desarrollo de las obras y las indemnizaciones a pagar a posteriori. Durante la inauguración del desvío, hace ahora una década, se habló de un coste de 242 millones de euros, (aunque también se ha hablado de 233 millones de euros), pero es muy posible que la cifra se haya quedado bastante corta.

El convenio establecía un máximo de 115 millones de euros, como ha recordado en alguna ocasión el concejal socialista Antonio Fernández Santos, de los que Fomento asumiría 33 millones, la Junta 16,5 millones y el Ayuntamiento 64,6 millones. A esta última cantidad se deben sumar los 19,4 millones de expropiaciones, una cifra muy superior a los 3,56 millones previstos como consecuencia de un cambio legislativo.

De este modo, con los datos que se han manejado en los últimos años se estaría hablando de un sobrecoste entre los 120 y los 130 millones de euros, a asumir por el Ayuntamiento, según el convenio. Una cifra que se incrementaría al sumarle las diferentes indemnizaciones reconocidas por la justicia, tras las reclamaciones de las empresas, y que podría rondar los 200 millones.

No obstante, Daniel de la Rosa insiste en que el PSOE no está dispuesto a aceptar que el Ayuntamiento pague ni un solo euro de ese sobrecoste, pues el único competente en materia de infraestructuras ferroviarias es el Ministerio de Fomento. Además, los sobrecostes son imputables a retrasos, errores y modificados de Fomento, han insistido desde el Ayuntamiento durante los últimos años.

Burgos es un caso único, afirma el socialista, y una vez se cierre la batalla legal y todas las reclamaciones hayan sido resueltas, Fomento deberá sentarse a calcular el coste de la variante ferroviaria. Con la cifra en la mano, tocaría modificar el convenio de 1998 para garantizar que el Ayuntamiento no pague el sobrecoste pues, siendo la administración más pequeña, es la que más ha contribuido a esta importante infraestructura.