Reforzarán la vigilancia policial en el cotillón del Hangar ante la negativa de la Junta de suspenderlo

De la Rosa ya había pedido a la empresa concesionaria del Hangar, en la jornada del miércoles, que anulase el cotillón. Se espera una afluencia de 900 personas, cuando la incidencia acumulada de la capital supera los 2.900 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Sin embargo, Anden 56 se ha negado a suspender el cotillón pues, por contrato, es una de las actividades específicamente permitidas, han recordado los portavoces municipales Nuria Barrio y Vicente Marañón.

Llegados a este punto, el alcalde ha optado por solicitar directamente la suspensión a la Junta, a través de sendos escritos remitidos al consejero de Sanidad y al delegado territorial en Burgos. Este último ha respondido afirmando que «de acuerdo con el actual marco normativo, esta Delegación Territorial no puede suspender el denominado 'cotillón'», con independencia de cuál ser la relación contractual del Ayuntamiento.

Indica, eso sí, que la ley de espectáculos públicos de Castilla y León recoge la posibilidad de que se adopten medidas extraordinarias si se detecta un riesgo grave o peligro inminente para la seguridad de las personas, en caso de que se incumplan gravemente condiciones sanitarias, de salubridad o higiene. Y, entre ellas, se encontrarían la suspensión, la prohibición de la actividad o el desalojo.

En este caso serían competentes tanto la Junta como las entidades locales para tomar una decisión. El problema aquí es que, si la actividad tiene licencia municipal y se cumple la normativa sanitaria relativa a la covid, no se puede suspender el cotillón. Y en manos del Ayuntamiento queda garantizar que se cumplen las normas, que a falta de restricciones específicas, con distancia de seguridad y uso de mascarillas.

De este modo, al Ayuntamiento solo le queda intensificar la vigilancia policial para garantizar que se cumplen las normas, tanto dentro como fuera de la instalación. La preocupación del equipo de Gobierno es que se trata de una instalación municipal, pero gestionada por una empresa mediante contrato, y la actividad pone en riesgo a sus asistentes, dado el elevado número y la altístima incidencia de contagios.