El Procurador del Común pide al Ayuntamiento de Burgos revocar otra multa 'foto-rojo'

A esta conclusión llegó tras entender que las imágenes aportadas por el 'foto-rojo', que motivaron la imposición de la multa, poseen una «falta de acreditación de los requisitos de verificación o certificación, así como de la correspondiente señalización» como para utilizarse de pruebas de la infracción.

Con esa ausencia, el alto comisionado de las Cortes se refiere a que el aparato debía contar con una certificación «no obligatoria pero necesaria» en este caso del Centro Español de Metrología (CEM) para comprobar periódicamente su correcto funcionamiento a fin de refrender la veracidad de las imágenes tomadas.

Este argumento resulta recurrente en sanciones de este tipo en las que interviene el 'foto-rojo'. La misma resolución cita una sentencia de marzo de 2021 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número1 de Burgos que expone que estos sistemas «sí hacen mediciones», por lo que deberían someterse a ese control metrológico.

El Procurador del Común también apunta que, tras su ubicación definitiva en uno de los seis puntos en los que se localiza en la capital burgalesa, estos dispositivos deberían estar señalizados de manera que los conductores los identifiquen, hecho que no era tal cuando se impuso la multa que ha propiciado la queja.

Localizados en la avenida del Arlanzón, la del Cid, dos en la avenida Cantabria y otros dos en la calle Vitoria, estos postes de control intervinieron en 8.562 sanciones impuestas el pasado año según la Policía Local.

De ellas, algunas fueron recurridas y existen sentencias favorables a los conductores, a los que se les revocó la sanción al no haber ninguna indicación acerca de la localización de los dispositivos 'foto-rojo'.

La concejalía de Tráfico tuvo que acogerse a la Ordenanza de Movilidad para crear una señal específica para estos dispositivos dado que no se recogía ninguan en el Reglamento General de Circulación.

Una vez colocadas, existen voces contrarias a la manera de proceder de Tráfico como las del concejal de VOX, Fernando Martínez-Acitores, que considera «que podrían no ser jurídicamente válidas» dado que «apenas hay tiempo de reacción» al ubicarse próximos a los mismos postes que albergan el aparato.

El Procurador del Común advierte de un plazo de dos meses para que el Ayuntamiento de Burgos responda si acepta o rechaza esta resolución y, en caso afirmativo, publicar la misma en la página web de la Entidad local para hacer público el proceso de revocación.

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