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Ruidos tales como «el arrastre de muebles, gritos de residentes, timbres y máquinas por la noche» han llevado a una comunidad de vecinos a poner relamaciones a una residencia de personas mayores de Burgos, según informa Tomás Quintana, el Procurador del Común de Castilla y León ... .
Un denunciante, cuya identidad permanece en el anonimato, alega que «su elevado volumen impide el descanso nocturno». Además, la comunidad de propietarios de los inmuebles ha presentado reclamaciones desde hace más de diez años en relación a estos hechos. En 2020 enviaron quejas a la Administración municipal para que inspeccionasen los ruidos y, por consiguiente, tomasen medidas.
La residencia en cuestión dispone de licencia de actividad «para residencia para la tercera edad» por el Decreto de Alcaldía de 4 de noviembre de 1999. Como consecuencia, está obligada a cumplir con la Ordenanza municipal de Ruido y Vibraciones.
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Sin embargo, el Ingeniero Técnico Industrial municipal realizaba una medición acústica en mayo de 2021. El resultado fue un nivel de ruido de 35 dB, justo el límite permitido. Esto se traduce en que «el nivel de emisión sonora por arrastre de mobiliario actualmente incumple la normativa de ruido en horario diurno», según ha comunicado el denunciante al Procurador.
Con el fin de solucionar este problema, el Servicio municipal de Sanidad y Medio Ambiente recomendaba la colocación de fieltros en las patas de los muebles para evitar el ruido al arrastrarlos. También aconsejaron sustituir el carro de comidas por otro con ruedas blandas. De esta manera, se evita «la transmisión de ruido a la vivienda del denunciante».
Sin embargo, el afectado señala que estas medidas no son suficientes, puesto que no se ha medido el nivel de ruido nocturno. Asegura que a partir de las 22:00 horas hay ruido de secadoras, golpes y movimientos se objetos. Así, ha solicitado al Ayuntamiento una insonorización del centro residencial.
El caso ha requerido de la intervención del Procurador del Común de Castilla y León, que se centra en la valoración de la actuación del Ayuntamiento «sin entrar en cuestiones vecinales o de disputas de carácter personal».
La resolución del Procurador ha sido que la Administración municipal ha actuado, ya que «se requirió al titular de dicha residencia para que adoptase medidas correctoras».
Sin emabrgo, considera que es necesario que los Servicios Técnicos municipales hagan una nueva medición para determinar los niveles de aislamiento acústico. En el caso de que sea superior al establecido, exigirían «la adecuación de la insonorización del centro residencial respecto a la vivienda del denunciante».
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