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Llegan con prisa y algo de miedo. Se sienten más seguros en Burgos que en Venezuela, pero sus opciones para permanecer en este país de forma regular se están agotando. Los trámites y las mafias zafan sus intentos de pedir asilo, así que viven en la incertidumbre, con un hijo recién nacido e intentando mantener la esperanza.
Ezequiel y Sofía (nombres ficticios) llegaron a España en septiembre y por separado. Él, involucrado en política, recibió un ultimátum por parte de funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro. Ocurrió tras las elecciones del 28 de julio, en las que se acusaba al líder de Venezuela de «fraude» con los resultados, que daban la mayoría al partido Mesa de la Unidad Democrática, de Edmundo González.
Es en ese partido donde militaba Ezequiel, involucrado en política desde hace años. Abogado de profesión, escogió esta carrera por su padre. «Vi que se me daba bien y decidí probar», admite. Respecto a su esposa, Sofía, ella era comerciante en el país, hasta que ambos tuvieron que huir.
«Yo creo que hacer política en Venezuela es de valientes o de mártires, no sé», señala Ezequiel echando la vista atrás. «Yo tenía mucha exposición pública en Venezuela, mucho antes de las elecciones presidenciales», explica el antiguo miembro de la junta directiva regional de su partido.
Sin embargo, el 28 de julio y los resultados de las elecciones venezolanas fue clave. «Yo quería ejercer mi derecho al voto y me doy cuenta, al momento de ingresar a mi centro de votación, que hay muchísimas irregularidades», relata. Explica que ese día les «dispararon personas que no logramos identificar» y señala que salieron como pudieron del centro «con las actas que acreditan el triunfo de nuestro candidato presidencial».
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Durante este tiempo, la tensión era máxima para Ezequiel y Sofía. «Literalmente no podíamos dormir, teníamos el miedo de que llegaran a nuestra casa a buscarle y llevarle», relata ella. «Él tenía que vivir con una mochila con algo de ropa, algo de dinero, el pasaporte, agua y ver si lo van a buscar pues salir corriendo».
Tras conocerse los resultados en los que se daba la mayoría a Edmundo González, Ezequiel señala que «empezó una cacería» en Venezuela. «En las dos semanas posteriores a las elecciones hubo un toque de queda»; «salir era muy difícil, teníamos nuestros teléfonos en modo avión. Había una persecución bastante fuerte», continúa.
Desde la Fiscalía de Venezuela se «libraron 46 órdenes de captura», relata el venezolano. Y todo se complicó aún más. Su cara y nombre completo aparecieron en redes sociales acompañado de un «Se busca por traición a la patria». Este delito «se paga con 30 años de cárcel», explica el político, que afirma que el orden en Venezuela «está subvertido: todo lo ilegal es legal, y lo legal no es lo que se hace habitualmente».
En ese momento, Ezequiel veía que sus posibilidades estaban contadas. «Se acercó a mí un emisario y me dijo que yo tenía dos opciones: o la cárcel o el exilio», explica el político. Ahí decidió exiliarse, puesto que compañeros de partido habían sido previamente encarcelados y torturados. «Al menos en mi ciudad hay casas de tortura clandestinas, y lo sabemos por personas que han logrado escapar o por información extraoficial», aclara.
Todos estos sucesos, unidos al embarazo de Sofía, hicieron que la joven pareja llevara «bastante mal» la situación. «Me daban contracciones continuamente. Cuando le pusieron un ultimátum yo preferí que se fuera», explica Sofía.
«Tuve que elegir, forzosamente, para evitar un mal mayor». Así recuerda Ezequiel su huida. Primero salió él hacia Colombia: «Fue por tierra. Contraté un servicio de transporte privado», explica, dado que ellos «pagan sobornos» en los puestos de control para poder salir de Venezuela. También tuvo que pagar porque le sellaran el pasaporte de forma clandestina.
Tras siete horas en coche, el político venezolano llegó a una ciudad fronteriza de Colombia, donde tomó un vuelo hasta Bogotá. «Sin embargo, allí tampoco estaba seguro», explica Ezequiel, mientras nombra a la organización transnacional Tren de Aragua, «el brazo ejecutor del Gobierno venezolano fuera de Venezuela», añade, recordando el asesinato de Ronald Ojeda, un opositor de Maduro exiliado en Chile.
Ezequiel permaneció en Colombia durante once días «al resguardo» antes de partir hacia España. Vació su teléfono de datos personales y conversaciones para que no le pudieran identificar en ese país, lo que le impidió solicitar asilo nada más aterrizar en Madrid.
«Llego acá y, ¿cómo pido asilo en el aeropuerto si no tengo pruebas? No me van a creer, solamente mi palabra, y tenía que haber elementos probatorios que sustentaran mi relato. Además, nadie sabía de mi salida de Venezuela, sólo diez personas de mi extrema confianza», cuenta el venezolano. Mientras, en su país estaban buscándole «activamente».
Respecto a su esposa, ella tardó unos 15 días más en salir del país americano, puesto que su pasaporte había caducado, pero pudo huir sin mayor problema. La razón de esta facilidad, según el matrimonio, es que ni su rostro ni su nombre habían sido expuestos públicamente con anterioridad.
Ezequiel recuerda su llegada a España como algo «fatídico». Sin embargo, en el país se sentía «seguro». El político y su pareja llegaron a Burgos «por una conocida» de su madre. Una vez en la ciudad, contactó con organizaciones no gubernamentales, como Cáritas, Cruz Roja, Burgos Acoge, ACCEM y el apostolado de su iglesia, donde encontraron refugio.
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Esta ayuda es muy necesaria para el matrimonio, dado que sus cuentas están «congeladas» en Venezuela y temen realizar cualquier movimiento bancario. «Nuestros bienes allá no se pueden ni vender ni nada porque eso generaría algún tipo de sospecha». Además, tienen otro problema: aún no han podido solicitar asilo.
Cuando Ezequiel y su esposa llegaron a España comenzaron a investigar cómo pedir asilo: debe ser en la sección de Extranjería, en la Policía Nacional, tras pedir una cita previa. «Llego acá y me encuentro con que hay un mercado negro donde yo accedo a una página [del Ministerio del Interior] y está todo colapsado y todo lo llenan de bots para coger citas y venderlas», explica.
El venezolano sostiene que estas citas se venden en grupos de aplicaciones de mensajería de migrantes y que «siempre es a través de un número anónimo. Se inicia como un chat automático y tú vas seleccionando opciones y se van desplegando las provincias donde se puede pedir, los precios, si necesita empadronamiento o no...», añade.
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Respecto al precio, esta pareja señala que les han pretendido cobrar unos 350, 400 y hasta 600 euros por una cita de estas características. Ellos no han aceptado el pago de estas citas, pero reconocen que el tiempo se les está acabando, ya que cuentan con 90 días desde que llegaron a España para solicitar el asilo político.
«Voy para tres meses [en España] y no he podido conseguirlo», explica con desazón Ezequiel. «El problema es que el mecanismo para pedir asilo está saturado», señala, destacando que algunos migrantes «abusan de la solicitud de asilo». «Yo entiendo que fue algo para darle solución en la pandemia y que ahora hay cita previa para todo y ahora lo que hace es ralentizar los procesos en la Administración», critica el venezolano, que comprueba «al menos diez veces al día» si existen citas disponibles.
Que las citas para que personas extranjeras acudan a solicitar asilo estén copadas por robots y se intenten revender «es algo repetitivo», insisten fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Burgos. Sin embargo, sostienen que «desde principio de año no se oía esto» en la provincia, aunque Ezequiel y Sofía lo sufren desde septiembre.
Desde la Subdelegación recuerdan que existen «protocolos para evitar que estas cosas no pasen», ya que copar citas para luego revenderlas es «ciberdelincuencia». Por eso, las recomendaciones para las personas que ven estas ofertas son «que no las compren y que pongan una denuncia» para que los hechos puedan ser investigados
Al encontrarse con la barrera de no poder pedir cita en extranjería, Ezequiel y Sofía presentaron un escrito en la Subdelegación del Gobierno de Burgos. «Realicé una exposición de motivos explicando toda mi situación», comenta el venezolano, con la intención de que esto les «acredite que estamos intentando pedir asilo».
Sin embargo, ahora la situación de Ezequiel, Sofía y su hijo recién nacido está estancada. «Hemos consultado con un abogado y nos ha dicho que, lamentablemente, como está saturado el sistema de solicitudes de asilo, lo más probable es que tengamos que optar por un arraigo social». Es decir, trabajar en negro durante tres años para luego obtener permisos temporales de residencia y trabajo.
El matrimonio también intentará contactar con el Ministerio del Interior para poner su situación en conocimiento y que no les deporten. «Lo que me importa a mí es insertarme acá, desarrollar acá mi vida», explica Ezequiel con pesar. Además, para que las ONG puedan ayudarles «tenemos que tener el manifiesto de la solicitud de que queremos solicitar asilo y, como no lo conseguimos, pues estamos en el aire, en el limbo. No podemos ni una cosa ni otra. Pasan los días, se agotan los recursos...», sostiene.
Ezequiel y Sofía acaban de ser padres en España. Ambos afirman que a la madre le han tratado «muy bien» y que, gracias a Cáritas, han podido empadronarse. Sin embargo, temen que su hijo no pueda ser incluido ni en el Registro Civil de España ni en el de Venezuela.
«El problema es que Venezuela reconoce a los nacidos en el exterior», señala el político. «Pero, ¿cómo puedo ir yo a un consulado o a una embajada si tengo riesgo inminente de que me puedan secuestrar o que me pueda hacer algo el Gobierno [de Venezuela]?», aqueja Ezequiel.
«¿Qué argumento le presentamos al Registro Civil para que puedan hacer la inscripción del niño?», se pregunta el padre primerizo, quien critica de nuevo el sistema de la cita previa para entrevistarse en Extranjería y así poder solicitar formalmente el asilo político.
Por el momento, Ezequiel y Sofía no planean su vuelta a Venezuela. Pretenden establecerse en Burgos y dar un futuro a su pequeño aquí. Ambos aseguran que están «sin esperanzas de volver allí, ni siquiera a medio plazo». «Tocó elegir y yo elegí a mi familia ante todas las cosas», recuerda el político venezolano.
Respecto a los amigos y familiares que tanto Ezequiel como Sofía dejaron en Venezuela, la pareja sostiene que el contacto con ellos «es intermitente, porque no hay que exponerlos al riesgo». Para ello, borran las conversaciones y miden cada mensaje para evitar «ponerlos en peligro». «Nos comunicamos lo necesario», explica la pareja, aún con esperanzas de poder empezar una nueva vida en Burgos, lejos de Venezuela, como solicitantes de asilo.
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