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La reforma del centro de tratamiento de residuos (CTR) de Burgos se antoja urgente y millonaria a partes iguales. Y es que, tal y como reconoce el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, la falta de inversiones de los últimos años en la instalación, ubicada ... en Cortes, obliga a afrontar una reforma de gran calado y, de paso, buscar la fórmula para que el bolsillo de los burgaleses no se vea castigado.
En este sentido, y más allá de algunos «parches» acometidos en los últimos ejercicios, el estado actual de las instalaciones invita prácticamente a «tirarlas y construirlas de nuevo». El problema es el de siempre. Una intervención de este calibre supone una inversión millonaria, que el Ayuntamiento es incapaz de asumir por su cuenta de manera directa.
Por eso, los técnicos municipales ya tienen sobre la mesa el expediente de encomienda de gestión del proyecto en favor de Somacyl, empresa dependiente de la Junta de Castilla y León. El objetivo es sencillo: que sea Somacyl la encargada de acometer el proyecto, valorado inicialmente en unos 25 millones de euros, y el Ayuntamiento vaya devolviendo esa cantidad a través de un cánon anual durante los próximos ejercicios.
El documento, según explica Niño, ya está elaborado e incluso pactado con Somacyl. Las conversaciones con los responsables de la empresa pública han sido constantes en las últimas semanas y han dado el visto bueno a la operación. Así de hecho se planteó en la reunión que mantuvieron esta misma semana la alcaldesa, Cristina Ayala, con los máximos responsables de la Junta en Valladolid. Sin embargo, la encomienda aún debe recibir el beneplácito de la sección de Intervención municipal, que ahora mismo está sufriendo un colapso por falta de personal.
«No me atrevo a hablar de fechas», pero «me consta que están con ello», asegura Niño al tiempo que insiste en que se trata de una actuación que «hay que hacer» sí o sí. «Lo tenemos que hacer ya», y no sólo para actualizar la instalación y cumplir las últimas exigencias en materia medioambiental, sino también por una «cuestión económica». No en vano, la inversión en la mejora de la gestión y tratamiento de residuos ha de redundar en una mayor eficiencia del proceso, lo que a largo plazo implica ahorros.
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Sin embargo, como todas las actuaciones de este tipo, hay que afrontar la inversión inicial. Y no es una cantidad menor. En principio, se ha calculado que el Ayuntamiento podría asumir un canon anual de unos tres millones de euros hasta completar el pago de la obra, lo que supone una amenaza de incremento de la tasa de recogida de basuras para los burgaleses.
Una amenaza que, a falta de concretar todo el proceso, Niño confía en minimizar. De hecho, con los datos actuales, el concejal espera que en los próximos dos años no se tenga que repercutir de manera significativa el coste de la obra.
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