Los funcionarios de prisiones de Burgos denuncian un déficit de 60 trabajadores

El objetivo de la APFP es que este cargo, que ha visitado el centro penitenciario de Burgos, traslade las quejas y demandas de los trabajadores al director general de Instituciones Penitenciarias. La APFP asegura que existe un «conflicto colectivo» en Instituciones Penitenciarias. Este se debe a factores negativos como la falta de personal. La AFPF denuncia que el centro penitenciario de Burgos presenta un déficit de 60 trabajadores de los 260 totales. Alertan, además, que esta situación se agravará con los pases a segunda actividad y las jubilaciones sin que haya prevista una oferta de empleo público extraordinaria que alivie esta situación.

Otras de las quejas de los funcionarios de prisiones de Burgos se basan en el «aumento de las agresiones, la falta de un Estatuto propio en el que se recoja la especificidad de nuestro trabajo, no ser considerados agentes de la autoridad en el ejercicio de nuestras funciones, medios materiales inadecuados, uniformidad inadecuada», enumeran. Demandan una «justicia salarial» y, por tanto, «la equiparación con nuestros compañeros de Cataluña». Así como una formación adecuada a la realidad de Instituciones Penitenciarias.

La APFP ha iniciado una campaña en redes sociales para transmitir y difundir sus quejas y peticiones. Quieren que llegue a más gente su mensaje para que la sociedad conozca «el esfuerzo y la profesionalidad diaria con la que realizan su trabajo los profesionales penitenciarios para asegurar la seguridad de la sociedad».

Para difundir su mensaje han optado por emplear en sus publicaciones la etiqueta #MitrabajoTuseguridad. Quieren recordar a la ciudadanía que realizan su trabajo «teniendo como cometido y responsabilidad primordial la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas de seguridad privativas de libertad y la retención y custodia de los detenidos, presos y penados».

Además, los funcionarios de prisiones de Burgos acusan a Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, de «poner en duda el honor y la profesionalidad» de estos trabajadores. Añaden que, desde que llegó a este cargo, Ortiz «ha criminalizado al colectivo de los trabajadores penitenciarios y ha evitado las mejoras económicas y laborales que merecen».

Desde la APFP esperan que desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se inicie el reconocimiento «de la dignidad y justicia salarial que merecen los profesionales penitenciarios en relación a la gran labor que realizan en los centros».