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La elevada edad de la plantilla, que provoca la salida continua de profesionales, bien que pasan a segunda actividad bien que se jubilan, es la causa estructual que explica el importante déficit de personal que arrastra el Centro Penitenciario de Burgos. Una carencia que supone ... que están sin cubrir 50 plazas, lo que representa el 40% de la plantilla, según la denuncia de los sindicatos.
La directora de la prisión, Elene Ramos, es consciente del problema y confía en que se pueda paliar con la incorporación de nuevos profesionales a través de las ofertas públicas de empleo que está sacando el Gobierno central. «Esperamos que entre 10 y 20 plazas estén cubiertas» en los próximos años, ha aseverado, confiando en que la situación «vaya mejorando».
De acuerdo con la relación de puestos de trabajo, estarían sin cubrir 50 plazas, pero Ramos también indica que, al haberse reducido el número de internos, cae la presión laboral. En la prisión de Burgos ha llegado a haber hasta 500 reclusos, ahora están entre 300 y 400. Aun así, los sindicatos denuncian que no se cuenta con sufiente personal para realizar el trabajo, con seguridad.
«Se pierden funcionarios constatemente», comenta Roberto Mingo, de CSIF, quien recuerda que este año se jubilan entre 7 y 8 compañeros. Otros pasarán a segunda actividad, y aunque se cubran las jubilaciones, eso significa que las vacantes quedan pendientes y se va acumulando el déficit. Y con los compañeros en prácticas no se puede cubrir esa carencia, advierte.
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También lo indica Jorge Revilla, de ACAIP-UGT, quien asegura que se les está cargando con más responsabilidades de las que les corresponden, y eso supone inseguridad. Desde el sindicato recuerdan que el problema no es solo la falta de personal en vigilancia interna, sino que las carencias que afectan a otras unidades repercuten igualmente.
Por ejemplo, si hay problemas en gestión, talleres, el economato, alimentación... el interno se cabrea, «y un interno cabredo genera conflicto». Revilla lamenta que el funcionario de prisiones sea «poco reconocido» y que, además, no sea considerado una autoridad, lo que supone que cualquier agresión que sufren se pague con una mera infracción administrativa.
No llega a ser delito, como sí ocurrre con profesores o médicos, así que sufren constantemente agresiones físicas, vejaciones, insultos o amenazas. «Estamos hartos de no ser reconocidos como agentes de la autoridad», apunta el delegado de ACAIP-UGT, y en general «de las promesas incumplidas» y de ser «el patito feo» del Ministerio del Interior.
ACAIP, UGT y CSIF no han acudido a los actos de celebración de La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, que han tenido lugar este viernes en el Monasterio de San Juan. Se han quedado en la puerta, protestando. Dentro, se ha se ha hecho entrega de varios reconocimientos a profesionales de la casa, que por cierto este año cumple su 90 aniversario.
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Se ha entregado la medalla de plata al mérito penitenciario a Marcial Rubio Alonso, la medalla de bronce al mérito penitenciario a Gonzalo Mata Cubillo y la medalla de bronce al mérito social penitenciario al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Burgos. También, una mención honorífica a Roberto Conde Martínez. Además ocho funcionarios que alcanzan los 25 años de servicio han recibido una placa conmemorativa.
La cárcel de Burgos se fundó en 1932, siendo Victoria Kent directora del ramo, una mujer que apostó por mejorar las condiciones de vida de los presos y reducir las cárceles, ha recordado Elena Ramos. Ahora, el centro es un referente nacional en educación, con programas como el realizado sobre violencia de género, para educar en igualdad y ayudar a la reinserción de los condenados.
Ramos apunta que los delitos de violencia de género son ya la tercer causa de entrada en prisión, tras los delitos contra el patrimonio y la salud pública. Los talleres de Burgos, impartidos por las psicólogas del centro, con una formación específica de seis meses, están dando su fruto. Se ha reducido la reincidencia entre los condeandos por violencia contra la mujer.
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