El 40% de la plantilla de la prisión de Burgos está sin cubrir

Hace cuatro años, cuando Fernando Grande-Marlaska se convirtió en Ministro del Interior, afirmó que se atenderían las demandas del colectivo profesional. Pero no ha sido así, lamenta Valentín Gómez, representante sindical de ACAIP-UGT, formaciones que junto con CSIF protestarán mañana a las puertas del Monasterio de San Juan, donde se celebra el acto institucional del Día de La Merced.

«Desde 2005 no hemos tenido un aumento salarial», apunta Gómez, cuando no ha ocurrido lo mismo con Policía Nacional y Guardia Civil. «Dicen que no pueden, pero para algunos sí que pueden». También llevan años pidiendo que se les reconozca como agentes de la autoridad, pues «una agresión a un funcionario de prisiones sale prácticamente gratis, con una sanción administrativa».

No ocurre lo mismo si la agresión se comete contra un agente policial, insiste Gómez, pues se comete un delito. Se ha reconocido como agentes de la autoridad a profesores y médicos, algo que aplauden los trabajadores de la prisión, pero piden que ellos, como funcionarios públicos que están al cargo de reclusos, tengan esa misma protección.

De lo contrario, las agresiones van a seguir siendo el día a día de estos trabajadores, que sufren amenazas, insultos y todo tipo de agresiones físicas. Este año no ha habido casos graves, reconoce Valentín Gómez, «por suerte y por el buen hacer de los trabajadores». Y con una plantilla tan limitada como la actual, los riesgos aumentan, afirma.

En estos momentos, en Burgos están por cubrir 50 plazas de las 120 que componen la plantilla en servicios internos, es decir, los que están en contacto directo con los presos. Supone el 40% del total del personal con el que se debería de contar. Y la situación es la misma en toda España, donde hay más de 3.000 vacantes, y solo se han sacado 1.800 plazas.

El representante de ACAIP-UGT recuerda que los centros penitenciarios han cambiado mucho en los últimos años, y la tipología de internos también. Ahora hay más presos politoxicómanos o con problemas de salud mental. Sin embargo, las prisiones siguen con la misma calificación de hace treinta años, y esto hay que cambiarlo. «Hay que actualizar» la calificación, insiste Valentín Gómez.

Los trabajadores también lamentan que no se les permita implementar medidas de mejora de la eficiencia energética, como el acumulo horario o el teletrabajo (para oficinas). Se permite en otros servicios públicos, pero aquí se ha rechazado. «La situación cada año está peor», y el problema se extiende a los médicos, que tampoco hay, y un solo profesional acaba teniendo que atender varias prisiones de manera telemática.

Por todo ello, los sindicatos ACAIP, UGT y CSIF, mayoritarios en la prisión de Burgos, han convocado este viernes una protesta en el acto institucional pues «no tenemos nada que celebrar», afirma Valentín Gómez. Buscan hacer visibles sus demandas y «el hartazgo de los trabajadores de Instuticiones Penitenciarias ante las promesas incumplidas».

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