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Palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial de Burgos. GIT
Condenan a seis años a un funcionario que se llevó 34.000 euros de menores tutelados

Condenan a seis años a un funcionario que se llevó 34.000 euros de menores tutelados

Entre 2012 y 2016, el condenado, un auxiliar administrativo de la Junta en Burgos, realizó numerosas retiradas de efectivo de las cuentas bancarias de seis menores tutelados falsificando la firma del responsable

Viernes, 3 de mayo 2024, 12:31

La Audiencia Provincial de Burgos ha impuesto una condena de 6 años y un día de prisión para un auxiliar administrativo de la Junta de Castilla y León acusado de haberse apropiado durante años de algo más de 34.000 euros de menores tutelados a ... su cargo.

La sentencia viene derivada de un acuerdo de conformidad del propio acusado, que en la vista oral aceptó los cargos y las calificaciones planteadas por la Fiscalía en virtud de los hechos probados.

Unos hechos que se remontan a 2012 y que se prolongaron hasta 2016. Durante ese periodo, el condenado aprovechó su trabajo en la Sección de Protección a la Infancia de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos para retirar fondos de las cuentas bancarias donde se ingresaban las pensiones de hasta seis menores tutelados.

De acuerdo a las conclusiones elevadas por la Fiscalía, el condenado falsificaba la firma de su superior en los documentos legales que le permitían retirar efectivo en las diferentes entidades.

En total, durante los cuatro años en los que llevó a cabo esta actividad, el auxiliar administrativo retiró algo más de 34.000 euros de seis menores en diferentes momentos, con reintegros de efectivo que en ocasiones se elevaban hasta los 4.000 euros.

Una vez detectadas las irregularidades, la Junta de Castilla y León restituyó a los afectados todos los fondos de los que se apropió el condenado, con un interés del 10% mientras se abría el proceso judicial.

A la vista de las pruebas, el Ministerio Fiscal concluyó que el hombre era autor de sendos delitos continuados de apropiación indebida y falsedad documental, lo que en base a las circunstancias particulares del caso derivó en la petición de una pena de 6 años y un día de prisión, con una multa de 10 euros diarios durante 30 meses, así como una inhabilitación especial para empleo público. Una petición que finalmente fue aceptada por el propio acusado.

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