Vox buscará la fórmula legal para mantener su enmienda sobre las ayudas a las ONG

El concejal de Vox Burgos Raúl Martínez ha asegurado hoy que su formación política buscará la fórmula legal que permita interponer una enmienda transaccional a la del PP que integrará en el presupuesto los 119.510 euros que quiere dar a Burgos Acoge (78.322), Atalaya Intercultural (13.000) y Accem (28.188).

El PP dio el pasado jueves marcha atrás al acuerdo con Vox, que semanas antes exigió a su socio de Gobierno la retirada de los convenios con las tres entidades para aprobar las cuentas.

A partir de esa decisión, la iniciativa de Vox ahora pasa por exigir a las organizaciones que sólo trabajen con migrantes en situación legal y cerrar las ayudas a la población que llega a Burgos y que no tienen regularizada su presencia en la ciudad. El concejal de la formación de Santiago Abascal, en Burgos ha precisado que su partido en Burgos sigue «las directrices nacionales, de no favorecer la inmigración ilegal». Esa es la razón aducida por el socio de Gobierno para no prorrogar las ayudas.

La semana pasada, la alcaldesa, Cristina Ayala, anunciaba la restitución de las ayudas aludiendo a la presión social y por su «propio convencimiento» de la labor que realizan estas entidades. Por su parte, el portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, mantenía la intención de su partido de no subvencionar «la inmigración ilegal y el efecto llamada» que, asegura, hacen estas entidades.

Sin embargo, Martínez ha precisado hoy que la cantidad es «muy pequeña» en relación a los 250 millones de presupuesto y que es «esencial» sacarlo adelante. De esta manera ha dejado caer que, aunque no salga su transaccional, es posible que den el sí a las cuentas.

No es la primera polémica en relación a las personas migrantes y la intención de Vox de no cooperar con lo que denominan «inmigrantes ilegales», pero sí la que más contestación social ha levantado en la ciudad. Todas las organizaciones del tercer sector, sindicatos, patronal, universidad, Cámara de Comercio y la ciudadanía han exigido que no se retiren las ayudas y que Burgos siga siendo una ciudad de acogida.

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