El Ayuntamiento recurrirá la sentencia que anula la limitación a nuevas salas de juegos

Y es que, tal y como ha señalado hoy Garabito, la sentencia da la razón en parte al Ayuntamiento, asegurando que sí tiene competencias en la materia. El problema es que el TSJCyL ha entendido que la modificación no está debidamente «motivada». Una impresión que «no compartimos en absoluto», ya que supone una interpretación «subjetiva» del tribunal, ha asegurado.

Lejos de ello, ha insistido Garabito, la modificación del PGOU responde a un interés «social» que, además, se aprobó por «unanimidad» de todos los grupos municipales, algo que a la postre es «rarísimo».

Tampoco comparte el Ayuntamiento la crítica vertida en la sentencia, que cuestiona que la modificación de los criterios del PGOU se produjera apenas unos años después de que en 2016 se estableciera el marco normativo gracias al cual proliferaron las salas de apuestas. A este respecto, Garabito ha puntualizado que aquella norma se planteó para fomentar todo el sector terciario en la ciudad, y el asentamiento de las salas de apuestas fue un efecto colateral y «pernicioso» que el Ayuntamiento tiene «derecho a rectificar».

En todo caso, Garabito ha insistido en que el Consistorio tiene un plan B. Y es que, en caso de que no prosperase el recurso ante el Supremo, cabría la posibilidad de abordar una nueva modificación del PGOU con el mismo objetivo pero con diferente tramitación.

Eso es precisamente lo que han solicitado hoy desde Podemos, cuya portavoz, Marga Arroyo, ha exigido al equipo de Gobierno que el recurso ante el Supremo vaya acompañado de una «macroencuesta» a los burgaleses sobre la presencia de salas de juego en los barrios y de un informe del Colegio de Psicólogos.

Asimismo, y para garantizar que la intención no se diluya en trámites administrativos, Arroyo también considera necesario comenzar otra vez el proceso de modificación del PGOU.

Y todo ello con la intención de impedir la proliferación de salas de juego en la ciudad, tal y como han pedido en numerosas ocasiones desde la Asociación Burgalesa para la rehabilitación del Juego patológico (ABAJ), cuyos responsables han asegurado hoy «no comprender la sentencia». No en vano, «fomentar una adicción es una total incongruencia«, máxime cuando la ludopatía ya está registrada como enfermedad por parte de la OMS y la iniciativa del Ayuntamiento de Burgos perseguía únicamente luchar por el »bienestar de la ciudadanía«.