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La anulación del impuesto de plusvalías por el Tribunal Constitucional ha supuesto un duro revés para los ayuntamientos, cuyas consecuencias no se van a paliar en todos los casos con la nueva normativa aprobada por el Gobierno de España. Y es que no solo caerán ... los ingresos, al cambiar los criterios impositivos, sino que se perderán las reclamaciones realizadas por contribuyentes que queden pendientes de resolverse.
El Ayuntamiento de Burgos está recalculando cuántos serán los ingresos por plusvalías el próximo 2022, a fin de reajustar el presupuesto municipal, cuya tramitación el equipo de Gobierno quiere iniciar a finales de noviembre. Lo que no les hace falta calcular son los millones de euros que, presumiblemente, tendrán que devolver a los contribuyentes que reclamaron tras pagar el impuesto de plusvalías.
El concejal de Haciendad, David Jurado, ha recordado que este impuesto es obligatorio, así que los burgaleses han tenido que abonarlo cada vez que han realizado una venta, una donación o han heredado un bien patrimonial. Y, después, aquellos que lo han considerado oportuno, han reclamado su devolución. Desde el año 2017, cuando se publicó la primera sentencia del TC, se han acumulado 2.600 reclamaciones, por valor de 4,6 millones de euros.
Hasta ahora, solo se han resuelto reclamaciones por importe de 1,3 millones, que en su mayoría han sido a favor del Ayuntamiento (solo se han tenido que devolver 392.000 euros), explica Jurado. De este modo, quedarían 3,3 millones de euros en reclamaciones pendientes de resolución, y con la sentencia del Tribunal Constitucional, todo apunta a que el Ayuntamiento deberá devolverlos en su totalidad.
El equipo de Gobierno va a tener que reajustar el borrador del presupuesto de 2022 una vez el Gobierno central ha aprobado el nuevo impuesto de plusvalías. Tesorería está recalculando cuáles serán los ingresos municipales por este concepto y, en función de los mismos, se ajustarán las inversiones.
David Jurado recuerda que, ante la anulación del impuesto, se había optado por mantener el borrador pero indicando que las inversiones vinculadas a los ingresos por plusvalías quedaban condicionadas a los cambios del nuevo impuesto y, llegado el caso, se abordarían con remanentes de Tesorería.
Ahora, con el real decreto, no es posible mantener esa fórmula y toca calcular cuáles serán los ingresos de 2022. Serán a la baja, apunta el concejal de Hacienda, pues al modificarse los criterios quedarán fuera pagos que antes sí se recibían (aquellos que se realizaban aunque no hubiera habido un aumento real del valor del bien).
Y si hay menos ingresos de los 10,1 millones previstos, se tendrán que ajustar las inversiones. Aun así, David Jurado avanza que el impacto real será mínimo, pues muchas de las inversiones están ya comprometidas y se podrán cubrir con remanentes de Tesorería.
De momento, están a la espera de lo que determine Tesorería y ya han presentado el presupuesto a los distritos y el Consejo Social. También a los grupos municipales, aunque solo Podemos ha presentado propuestas. La intención de Jurado es aprobar el borrador en un pleno extraordinario el 26 de noviembre, o el 3 de diciembre como muy tarde, para intentar que la aprobación definitiva se haga este mismo año o a principios del próximo.
Además, se deberán sumar unos 1,4 millones de euros, cantidad que ha calculado la Tesorería municipal en concepto de intereses de demora. De este modo, el Ayuntamiento va a tener que enfrentarse a una devolución de unos 4,8 millones y, recuerda Jurado, en parte es responsabilidad del propio Consistorio por no resolver con agilidad las reclamaciones y dar lugar a la anulación del impuesto.
La falta de personal competente para gestionar los expedientes (en concreto, un aparejador que no se incoporó hasta el 2019) y la paralización del Tribunal Económico-Administrativo entre julio de 2019 y finales de 2020 han hecho que se acumulen las reclamaciones, con la consecuencia de que el Ayuntamiento tendrá que devolver más dinero del que le habría tocado de resolverse a tiempo pues por cada 4 euros devueltos, 9 se quedaban en el Ayuntamiento, apunta Jurado.
El concejal de Hacienda recuerda que, con el real decreto aprobado por el Gobierno, ya han vuelto a cobrar las plusvalías, si bien deben aprobar nuevas ordenanzas fiscales y para ello disponen de seis meses de plazo. Así, solo ha sido entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre que los contribuyentes no han abonado el impuesto ante el vacío legal existentes, pero ahora se paga bajo los nuevos criterios.
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