La anulación del impuesto de plusvalías supone una caída de 10 millones en los ingresos municipales

En Burgos, la caída anual de ingresos se estima en 10,1 millones de euros, según ha explicado el alcalde, Daniel de la Rosa, que ha indicado que hasta el 31 de agosto se habían recaudado ya 8,7 millones. Cantidades importantes, sobre las que se sustentan gastos e inversiones del presupuesto municipal, y una decisión del Constitucional que viene en el peor momento, cuando se trabaja en el borrador de 2022.

«Hacienda tiene la necesidad, la obligación y la urgencia», ha insistido De la Rosa, de desarrollar un nuevo instrumento normativo que permita cobrar las plusvalías con total garantía jurídica, pues la decisión del tribunal hace referencia al cómo se calculan los tributos, sin que se cuestione que se deba pagar por un incremento del valor de la propiedad en casos de venta, donación o herencia.

De la Rosa exige al Gobierno «una rápida respuesta y certidumbre jurídica» de cara a los presupuestos de 2022. Es consciente de que el Ministerio de Hacienda está preparando un anteproyecto de ley, pero se ha demostrado que «los plazos son manifiestamente insuficientes», así que si no llega a tiempo el instrumento legal, el Gobierno tendría que compensar económicamente a los ayuntamientos, apunta el regidor.

Lo que tienen claro en el Ayuntamiento de Burgos es que van a seguir trabajando en el presupuesto de 2022 como si pudieran disponer de esos 10,1 millones de euros. Han optado por una solución, ofrecida por el interventor, que pasa por dejar recogido que determinados créditos están supeditados a disponer de esos fondos. «Es un problema jurídico, que exige una solución», afirma Daniel de la Rosa.

En estos momentos, el borrador presupuestario se está debatiendo en Intervención y Tesorería y, el próximo 2 de noviembre, se presentará a los grupos de la oposición. Son pocos los datos avanzados. Se cuenta con un límite de gasto de 232 millones, por lo que las cuentas superarón los 200 millones, y el alcalde ha indicado que las inversiones rondarán los 18,6 millones, aunque se suplementarán con los remanentes de Tesorería.

«No vamos a renunciar a aprobar inicialmente el presupuesto en diciembre», ha insistido el regidor, que pretende aprobar el borrador en Junta de Gobierno en noviembre y, de allí, llevarlo al pleno de diciembre para conseguir que los presupuestos puedan entrar en vigor en el mes de enero. «El agujero que provoca la decisión del Constitucional es muy relevante« y condiciona la capacidad inversora de los ayuntamientos, por eso De la Rosa confía en que Hacienda dé una solución.