IU afirma que el HUBU podría recuperarse a 'coste cero' si da pérdidas, como afirma Eficanza

En la semana en la que los grupos de la oposición, PSOE, Cs, Podemos y Mixto, han presentado su informe conjunto de conclusiones, Sarrión valora la comisión de investigación porque ha servido para abrir un debate político y social sobre cómo se gestiona la sanidad pública en Castilla y León. «Es lo más importante«, se ha intentado saber qué es lo que ha ocurrido, se han detectado »irregularidades« y, ahora, toca examintarlas y abrir ese debate público.

El procurador insiste, como sus compañeros de oposición en que revertir el HUBU es posible y existen defierentes fórmulas, como la adquisición del capital social, que no es muy alto, unos 50 millones de euros. Y, del mismo, habría que descontar lo que se ha pagado ya a Eficanza en concepto de beneficio industrial. No obstante, José Sarrión afirma que, atendiendo a las lamentaciones de la empresa, las pérdidas que supuestamente le genera el HUBU «serían razón más que suficiente para la reversión», aunque «nadie se lo cree».

Sarrión lamenta que la comisión de investigación haya estado «maniatada» por el Partido Popular, que «chantajeó» a la oposición imponiendo una serie de condiciones sin las cuales no había opción a comisión. Se aceptaron y, a partir de ahí, el PP ha estado bloqueando las comparecencias solicitadas por el resto de grupos y ocultando información; algunos documentos han llegado tarde, incompletos, ha recordado el procurador de Izquierda Unida.

Aun así, la investigación ha servido para demostrar que se han dado muchas «irregularidades» en la tramitación del proyecto, comenzando por la elección de un modelo no apto para el sistema sanitario, «opaco» y «claramente pernicioso para los intereses públicos». Solo se ha pensado en el beneficio de la adjudicataria, ha afirmado Sarrión, y en lugar de sancionarla como correspondía por retrasos e incumplimientos se han ido aprobando modificados que han incrementado el presupuesto final.

También se confunden conceptos, insiste, pues Sanidad tiene que pagar el arreglo de los desperfectos ocasionados por la mala ejecución de la obra. A modo de ejemplo, José Sarrión ha recordado que es el HUBU, y no la concesionaria, el que paga la reparación de un picaporte roto, y a precios desorbitados de 300 euros.

José Sarrión afirma que, tras presentar las conclusiones, tocará intentar cerrar un dictamen en el seno de la comisión de investigación, algo complicado pues no existe acuerdo entre oposición y PP y las fuerzas están igualadas. También habrá que analizar las irregularidades para determinar si existe alguna situación de ilegalidad con la que se deba acudir a los tribunales; hacer una investigación jurídica y económica para determinar el futuro del HUBU.