Torra esquiva el veto al confinamiento de Lleida aprobando un decreto ley

Aun así, la Generalitat ha insistido en que no acepta la resolución judicial y ha pedido a la ciudadanía que siga adelante con el confinamiento. Una vez más, Torra ha empleado una resolución judicial para gesticular una supuesta desobediencia. Y es que al mismo tiempo que anunciaba que no aceptaba la decisión de la juez y aconsejaba (no obligaba) a la ciudadanía a seguir las indicaciones del Govern, admitía que los Mossos estaban acatando el veto de la magistrada de guardia de Lleida y se estaban limitando a asegurar el cumplimiento perimetral de la zona, aprobada hace 10 días. Además, para tratar de esquivar el revés judicial, la Generalitat, tras una reunión extraordinaria de su consejo de gobierno, ha aprobado un decreto ley, con el que pretende dar cobertura a todos los confinamientos domiciliarios que pueda adoptar en las próximas semanas. Empezando por Lleida, que es el brote más descontrolado, pero sin descartar el cierre total de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

El decreto modifica una ley de 2009 de salud pública. Faculta a la autoridad sanitaria para que en situaciones de pandemia o epidemia las autoridades competentes puedan adoptar medidas de limitación de la actividad, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios. La consejera de Presidencia, Meritxell Budó, ha señalado en TV3 que el Govern publicará mañana las medidas concretas para Lleida que se derivan del decreto. La adopción de estas medidas tiene por objeto garantizar «el control de contagio y protección de la salud de las personas, adecuado al principio de proporcionalidad», según el decreto, que tiene referencias directas a la resolución de la jueza de guardia. Para adoptar las medidas de limitación de la actividad, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados territorios territoriales, el decreto apunta que el Govern deberá remitir un informe sobre la situación actual de riesgo de contagio, la situación de control de la pandemia y las medidas a adoptar. El decreto ley también especifica las medidas a adoptar no tiene que ser superior a 15 días, excepto cuando sea necesario más tiempo.

Torra, eso sí, ha sacado pecho ante quienes le piden que ejerza la soberanía plena y ha hallado en la resolución judicial un balón de oxígeno para cargar contra la justicia española y hacer victimismo y para no tener que asumir las críticas cada vez más feroces por cómo está gestionando su ejecutivo este segundo brote. Incluso de los alcaldes afectados, buena parte de ellos independentistas, que han pedido al Govern que les saque del «lio» y del «limbo legal» en el que están y les diga lo que tienen que hacer. «No estamos de acuerdo con la decisión judicial y no la aceptamos. Asumo las consecuencias que se deriven, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas», ha afirmado Torra en una comparecencia en el Palau de la Generalitat, junto a su vicepresidente, Pere Aragonés, que se ha mostrado mucho más cauto en sus palabras.

Torra se ha reunido a primera hora de la mañana de este lunes con los servicios jurídicos de la Generalitat. Y por la tarde, tras una reunión extraordinaria, ha aprobado un decreto ley con el que regulará los rebrotes. Se trata de una forma de esquivar la decisión judicial, con un decreto que da «cobertura» jurídica al confinamiento domiciliario. Aunque no será sencillo, ya que la Fiscalía, en cualquier caso, ha advertido a la Generalitat de que no puede confinar a la población a golpe de decreto. «No cabe decreto ley si toca derechos fundamentales«, ha valorado el Ministerio Público. «Sería ilegal y recurrible al Constitucional», ha rematado. Torra ha criticado que en el País Vasco y Galicia se haya impedido votar a cientos de personas y no haya pasado nada y ahora en Cataluña una juez pueda bloquear decisiones en materia de salud. »Es un lujo perder el tiempo con batallas de competencias y resoluciones judiciales y no nos lo podemos permitir, se está poniendo en riesgo la salud de la gente«, ha avisado. El Govern estudia también recurrir la decisión de la magistrada de Lleida. Lo que no contempla en ningún caso el Ejecutivo catalán es pedir al Gobierno central que aplique el estado de alarma ni siquiera de forma parcial en la comarca afectada.

Además de Lleida, preocupa también la situación de L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, que podría ser la próxima localidad catalana en confinar a su población.