Una juez impide el confinamiento decretado por la Generalitat en Lleida

La decisión de la Generalitat, que en los pasados meses ha achacado a la mala gestión del Gobierno central los efectos de la pandemia en Cataluña, se adoptó tras cumplirse ocho días del confinamiento perimetral de esa comarca y tras constatar que la propagación del coronavirus se mantiene activa tras confirmarse 190 positivos en las últimas 24 horas.

Los vecinos de estas zonas, según el Govern, debían «permanecer en su domicilio» excepto para trabajar, cuidar a niños o a personas mayores, ir al médico o comprar comida, y los afectados eran en torno a 160.000 personas.

Sin embargo, cuando la medida estaba a punto de entrar en vigor, la Fiscalía de Lleida presentó un escrito en el juzgado de guardia oponiéndose a la drástica decisión del Gobierno catalán, que de forma previa había acudido al juzgado para validar su resolución. El fiscal jefe Juan Bone se opuso porque la medida de confinamiento pretentida por la administración autonómica «es una competencia estatal y se ejerce, además, con la garantía de la intervención del Congreso».

La magistrada recogió en su auto las explicaciones de la Fiscalía y recordó que el presidente de la Generalitat, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, «podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma» para poder restringir los derechos fundamentales de movimientos y circulación.

Se trata del enésimo choque entre el Poder Judicial y el Ejecutivo catalán, gobernado por la coalición independentista JxCat y ERC. El problema es que, mientras se dirimen estas divergencias, Cataluña es la comunidad autónoma más golpeada por los brotes tras el anuncio ayer de un importante número de contagios en Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad catalana en número de habitantes.

La reacción política no se hizo esperar y el alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha pedido a primera hora de hoy «claridad» sobre la decisión de confinar la zona por el rebrote de coronavirus y ha puesto en duda que el juzgado de instrucción de Lleida pueda «decidir sobre la situación sanitaria».

«Me acosté con el espíritu del fiscal y me he levantado con la interlocutoría de la juez», ha asegurado Pueyo en una entrevista en RNE, después de que la magistrada acordase a última hora de este domingo no ratificar la decisión la Generalitat de prohibir toda salida y entrada a Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre y las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat.

Desde su punto de vista, «no hay elementos o argumentos de tipo jurídico» que lleven a una juez a no confinar el territorio, y se deberían «estar tomando decisiones sobre bases científicas o sanitarias». En este sentido, el alcalde ha reconocido una «sensación de desorden» y de «disgusto», sumado ahora a la incertidumbre tras la decisión de la juez. A su juicio, son Gobierno y Generalitat los que «deben tomar un acuerdo».

Pueyo se ha expresado así a raíz del auto, que se puede recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña- y en que la juez ve desproporcionada la resolución del Govern, cuyo objetivo, además, «no es sino eludir la aplicación del estado de alarma parcial» y que ésta una competencia estatal.

El propio auto añade que no puede argumentarse que ya hubo un confinamiento en Òdena (Barcelona) y que hay vigente un confinamiento perimetral en el Segrià (Barcelona), «pues las medidas allí contempladas, restricción de movimientos, nunca confinamientos domiciliarios generales, suponían una afectación de mucha menor intensidad de los derechos fundamentales que lo que ahora pretende el govern».

En esta línea, Pueyo ha recordado que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, reclamó públicamente que se tomasen «medidas más contundentes» en la región. «Tenemos 108 personas ingresadas, 13 en la UCI, y la edad media ha disminuido hasta los 55 años», ha alertado.

Así, el alcalde ha insistido en que necesita «seguridad, claridad y también medidas concretas», por lo que ha solicitado a la Generalitat catalana más recursos para enfrentar el brote de la Covid-19 y parar la transmisión comunitaria.