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El Ministerio de Sanidad llevaba toda la semana planteando establecer el uso obligatorio de las mascarillas en espacios públicos, una medida que hasta ahora solo afecta a los viajeros de transportes públicos. Pero no ha sido hasta este domingo cuando el ministro del ... ramo, Salvador Illa, ha avanzado por primera vez que «se reforzará» el uso de estos equipos de protección en los próximos días, todo después de que haya habido «unanimidad» respecto al tema entre los presidentes autonómicos en la reunión que han mantenido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Illa ha subrayado que no va a «anticipar los detalles concretos» de esta nueva orden y que este lunes tendrán una nueva reunión interterritorial con las comunidades. «Habrá un reforzamiento de la obligatoriedad, pero hasta que no esté la orden cerrada no avanzaré nada», ha sentenciado.
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A lo largo de esta semana, el titular de Sanidad había sondeado hasta en dos ocasiones la opinión de los consejeros de Salud de las autonomías respecto a la propuesta de hacer obligatorio el uso de mascarillas fuera de los domicilios particulares. Un paso más allá en la variación de las recomendaciones del Ejecutivo desde el inicio de la pandemia respecto a estos equipos de protección, que en solo dos meses han pasado de ser «innecesarios» excepto para los trabajadores sanitarios a «altamente recomendables» para todos.
Sin embargo, la postura de obligar a los ciudadanos a usar mascarillas en la vía pública no cuenta con el beneplácito total de los expertos que asesoran al Gobierno. «Entiendo que se ponga sobre la mesa, pero en caso de que se vaya a hacer hay que pensarla con mucho cuidado porque puede generar problemas importantes», explicó Fernando Simón, el director del Centro de Alertas Sanitarias, al ser preguntado por dicha cuestión. El epidemiólogo, que declinó pronunciarse sobre su postura personal, opina que es «una buena medida de prevención», aunque defiende que «la mejor mascarilla son los dos metros de distancia».
El coronavirus en cifras
Sara I. Belled ARIEL FERRANDINI
Desde el Gobierno siempre han sostenido que tienen «más dudas que certezas», una frase que se puede materializar en esta cuestión. Al principio de la crisis sanitaria, el uso de las mascarillas solo se recomendaba por parte del Ejecutivo a los profesionales sanitarios o personas que tuvieran contacto con enfermos. Más adelante, a finales de marzo, se amplió a ciudadanos con patologías previas o pertenecientes a colectivos de riesgo. Entonces había un desabastecimiento total de este producto en farmacias y las administraciones debían recurrir al mercado internacional para conseguirlas, recibiendo un material inadecuado en muchos casos. Las autoridades llegaron a decir que eran «innecesarias» para el resto de la población porque creaban una sensación de falsa seguridad. Y finalmente se hizo obligatorio su utilización, por orden ministerial, para viajar en los transportes públicos desde el 4 de mayo.
Por el contrario, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el uso de mascarillas no han variado durante la pandemia. El organismo internacional especifica que las personas sanas solo deberían ponérselas cuando «atiendan a alguien en quien se sospeche la infección» o cuando «se tiene tos o estornudos». También recuerdan que estas «solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con solución hidroalcohólica o jabón».
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