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«No podemos tomar medidas nuevas cuando no hemos dado tiempo al efecto de las que desplegamos el domingo. Hay que evaluar con rigor las medidas ya en marcha y eso solo puede hacerse en dos o tres semanas». Salvador Illa se mostró inflexible a ... pesar de que ya son cuatro comunidades y las dos ciudades autónomas las que piden con urgencia un nuevo estado de alarma que permita los confinamientos domiciliarios.
El Gobierno, que este martes había apuntado al 9 de noviembre como fecha tope para valorar si aprueba un decreto que autorice a las autonomías esos encierros extremos, cambió este miércoles el horizonte temporal y pidió más tiempo. Illa y su equipo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles dieron una y otra vez largas a las peticiones, incluso en algunos casos súplicas, de algunos de los territorios más castigados por la pandemia. «Las medidas en marcha necesitan un tiempo de reacción para ver sus efectos», insistió la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.
Pese a esta nueva negativa a poner en marcha ya un nuevo decreto de alarma, en Moncloa, donde los juristas llevan trabajando sobre esta posibilidad desde hace ya más de una semana, son conscientes de que prácticamente a las autonomías solo les queda una bala en la recámara antes del encierro domiciliario: sacrificar la hostelería con restricciones más o menos severas. Por eso Sanidad, que comenzó a lanzar a finales de octubre este mensaje, insistió hasta la saciedad este miércoles en el Consejo Interterritorial en que las comunidades tienen todavía cierto margen para mejorar sus datos y bajar la presión hospitalaria, dando a entender que pueden todavía restringir más el ocio y la restauración.
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Según diversas fuentes asistentes a la reunión, los representantes del Gobierno central ni siquiera se comprometieron a estudiar la petición del encierro en casa. «No ha habido una discusión con respecto al confinamiento domiciliario. Hay comunidades que han expresado que no se puede perder de vista esta medida. Pero la conclusión es que hay una estrategia nacional» apuntó Illa, minusvalorando las reclamaciones de algunos de los territorios más golpeados por esta segunda ola, tales como Melilla, Asturias, Castilla y León y, desde hoy, Andalucía, País Vasco o Ceuta. El presidente de esta última ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), defendió que el confinamiento domiciliario de la población debe ser una medida «urgente y necesaria» debido a la «dramática» situación epidemiológica de «extremo riesgo» que atraviesa Ceuta en estos momentos.
La Junta de Andalucía urgió a Illa para que «legisle a la mayor brevedad posible» sobre la posibilidad de decretar «el confinamiento total o parcial de la población» para frenar la expansión de contagios de la covid-19. País Vasco, por su parte, también solicitó «adaptar» el Real Decreto de Estado de Alarma para poder decretar confinamientos domiciliarios.
Pero los llamamientos de las autonomías tuvieron una y otra vez la misma respuesta: hay margen con el actual decreto, sobre todo cerrando bares, restaurantes, llevando a máximos los toques de queda y expandiendo los confinamientos perimetrales municipales.
Pero lo cierto, según recordaron este miércoles diversos responsables autonómicos, es que ya media España ha agotado su arsenal con las limitaciones de la hostelería. Y es que hasta ocho autonomías ya han sacrificado los bares, restaurantes y otros lugares de ocio, llevando casi siempre hasta el extremo las restricciones.
Murcia, solo unas horas antes del inicio del Consejo Interterritorial de Salud, ordenó el cierre de la hostelería y la restauración desde este sábado y durante 14 días. Poco después le siguió Galicia, que cerró la hostelería y otras actividades esenciales en 60 municipios (que engloban al 60% de la población de la comunidad) durante mes.
Estas dos comunidades se sumaron así a las otras seis autonomías que desde mediados de octubre han recurrido a la clausura total y parcial de bares y restaurantes como últimos recurso para frenar la transmisión del virus: Cataluña, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Asturias y Aragón (que cerrará la hostelería a las 20 horas en un cierre light en comparación con las otras regiones).
Los técnicos de Sanidad confían en que el cierre de la hostelería funcionen, ya que los datos de las últimas tres semanas demuestran que esta medida está siendo más efectiva que los toques de queda que ya se venían aplicando en alguna comunidades antes de que el 25 de octubre el nuevo estado de alarma los generalizara en todo el territorio nacional. Las tres autonomías que antes comenzaron a cerrar bares, restaurantes y otros locales de ocio (Cataluña, Navarra y La Rioja) ni mucho menos han logrado reducir drásticamente sus cifras, pero sí que las han contenido, según insinuó este miércoles Illa.
Murcia, sin quererlo, se convirtió en aliado de Sanidad al defender la clausura hostelera y comprobar que en los 10 municipios en los que hace una semana ya se cerraron los bares y restaurantes los casos han caído un 8%, mientras que en la región los positivos han crecido hasta en un 14%.
En Cantabria, sin embargo, apostaron este miércoles por otro modelo, el confinamiento municipal de toda la región hasta el próximo 18 de noviembre.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, estaría dispuesto a respaldar un nuevo confinamiento domiciliario si una comunidad autónoma o el Gobierno consideran que el virus está «absolutamente descontrolado en un área y hay que confinarla».
El líder de la oposición apoyaría esta medida excepcional, como ya hiciese en la primera ola, pero sólo si la marcan criterios médicos y científicos, según señaló anoche en una entrevista con 13 TV.
El apoyo del PP se daría «si una comunidad autónoma en base a sus estadísticas o si el Gobierno nos fiáramos de su criterio y considera que el virus está absolutamente descontrolado en un área y hay que confinarla», señaló Casado.
Y defendió que «las medidas tienen que ser eficaces, correctas y con una base médico científica», poniendo como ejemplo las limitaciones en las zonas básicas de salud de la Comunidad de Madrid, un instrumento a su juicio más efectivo que el cierre de la capital porque limitaba más la movilidad en algunas áreas.
El PP apoyará restricciones de ser necesarias, pero no quiere que «eso sea simplemente la comodidad de gobernar por decreto y no hacer medidas que sean eficaces en base al criterio de los que saben» y sigue abogando por un plan B jurídico que saque a España de la excepcionalidad del estado de alarma.
Casado señaló ayer la gravedad de la situación, aludiendo al «colapso de ucis» en algunas autonomías, al tiempo que defendió la necesidad de una «estrategia conjunta» para derrotar al virus y proteger también el empleo ante «una ruina económica sin precedentes».
El Ministerio de Sanidad mantiene que aún no es el momento de recurrir al confinamiento domiciliario porque las distintas regiones tienen margen para seguir ejecutando sus acciones para frenar la propagación del virus, y junto a las autonomías, decidió ayer darse un plazo de dos a tres semanas antes de adoptar nuevas restricciones.
Asturias, Ceuta y Melilla han reclamado ya el confinamiento domiciliario mientras que Castilla y León o Euskadi quieren tener la potestad de usar este instrumento en el caso de que sea necesario. EFE
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