España, de los días de zozobra a la alarma

El giro del Gobierno fue copernicano en cuestión de días, aunque el Ejecutivo y el propio Sánchez siempre han sostenido que en todo momento siguieron las indicaciones de unos expertos que, un año después, no se sabe quiénes eran, más allá de Fernando Simón y su grupo más cercano de colaboradores. El domingo anterior, el polémico 8 de marzo de 2020, buena parte del Gobierno, convencido aún de que la epidemia estaba bajo control, se manifestó por las calles de Madrid después de que el propio Simón bendijera la participación en esos eventos masivos, hasta el punto de que dijo que no le prohibiría a su hijo acudir a una manifestación a pesar de que ese domingo ya se notificaron 589 infectados y 17 fallecidos.

A posteriori, el Gobierno siempre ha argumentado que el 8-M se permitieron todo tipo de actos masivos porque hasta el lunes 9 no llegaron las alarmas en forma de una curva que se disparó en cuestión de horas. Sin embargo, el repaso a las hemerotecas confirma que el Ejecutivo no mostró ninguna inquietud hasta incluso más tarde, la segunda mitad de la semana. De hecho, aquel lunes de resaca de las movilizaciones feministas Fernando Simón hizo uno de sus más conocidos y desacertados vaticinios: «Con las medidas que están tomando tendríamos que empezar a ver un descenso de los casos».

Solo cuatro días después de las palabras del jefe de la epidemiología del país, aquel fatídico viernes 13, Sánchez, además de anunciar la aprobación del estado de alarma para el sábado, había dado un giro radical, abandonando cualquier atisbo de optimismo, y preparaba a España para lo peor: «No cabe descartar que alcancemos los 10.000 afectados la próxima semana». Se quedó muy corto. Para el domingo 22 de marzo el país ya rozaba los 30.000 casos declarados.

Después de que el jueves el Gobierno descartara el estado de alarma y se decantara por un «primer paquete» de medidas sanitarias y económicas que estuvo por debajo de las expectativas, la decisión de tomar el toro por los cuernos se tomó el viernes 13 en un reducido Comité Interministerial, que estuvo dirigido vía telemática, por el propio Sánchez y por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y en el que participaron los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias y los ministros José Luis Ábalos, María Jesús Montero, José Manuel Rodríguez Uribes, Arancha González Laya y Fernando Grande-Marlaska.

Para entonces, el presidente, que había sido alertado por la mañana de ese fatídico viernes de que los datos de la pandemia del mediodía iban a ser «nefastos» (palabra textual de uno de los técnicos de Moncloa), había acabado de vencer las reticencias de los ministros de las áreas económicas, que eran los que abogaban por medidas más graduales y no por un cierre radical que asfixiara el sistema productivo. En esa 'lucha' contra Nadia Calviño, María Jesús Montero o Reyes Maroto, Pedro Sánchez tuvo dos apoyos claves: el de Iglesias y el de José Luis Ábalos, los más firmes partidarios entonces de decretar el estado de alarma cuanto antes.

Ya ese viernes por la tarde, antes de comunicar al país su decisión de declarar el que sería el segundo estado de alarma de la historia de la democracia española después del decretado en 2010 durante la crisis de los controladores aéreos, Sánchez habló con el Rey, con los líderes de los principales partidos y con la presidenta del Congreso. En realidad, era todo protocolario porque la decisión ya estaba tomada. En su cabeza pesó la bofetada de los datos, que dejaban en papel mojado los optimistas vaticinios de Simón, ya por entonces convertido en el gurú indiscutido del Gobierno pese a sus pronósticos desatinados. Pero en Moncloa recuerdan que en esas horas críticas otro hecho hizo precipitar la decisión de Sánchez: Portugal, sin un solo muerto (mientras España se aproximaba a gran velocidad al centenar), había decidido encerrarse por completo.

Por la tarde, y de manera exprés, Pedro Sánchez informó sucintamente a los presidentes autonómicos de su decisión de paralizar España por lo menos durante 15 días, si bien a alguno de ellos ya le avanzó que esas dos primeras semanas, sin duda, iban a tener que ser prorrogadas. Líderes autonómicos como Quim Torra e Isabel Díaz Ayuso no habían querido esperar a que el Ejecutivo central moviera ficha y ya se habían anticipado a decretar importantes medidas de restricciones de movimientos.

No faltaron voces en el Gobierno y fuera de él que criticaron que el presidente, que ya parecía ir a remolque de las decisiones de algunas autonomías, anunciara ese viernes su voluntad de decretar el estado de alarma, pero que no aprobara el decreto hasta un día después, dando tiempo a que la población todavía apurara las últimas horas para moverse de territorios aumentando la transmisión del virus. Sin embargo, explican en Moncloa, fue decisión personal de Sánchez que la población asumiera poco a poco la magnitud de las medidas de que se le venían encima, al tiempo que daba unas horas de margen a los técnicos del Gobierno para perfilar el alcance de un estado de alarma sin precedente ninguno y cuya aplicación provocaba todo género de dudas legales y prácticas.

Así, el sábado 14 de marzo, en el tercer Consejo de Ministros de la semana y tras siete horas de debate, el Ejecutivo aprobó la restricción de movimientos y actividad laboral más dura de la historia reciente de España. El país, con más de 5.700 infectados y con 193 muertos, era para entonces, después de Italia, el epicentro de la pandemia en Occidente, cuando el fin de semana anterior había permitido manifestaciones multitudinarias o partidos en estadios repletos.

El domingo 15, las calles de todo el país presentaban ya las imágenes fantasmagóricas que figurarán para siempre en los libros de historia. Había acabado una semana trepidante, de titubeos, golpes de timón y decisiones trascendentales y empezaba una época de restricciones que, con diferentes graduaciones, un año después sigue vigente.