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La emergencia sanitaria que ha vuelto del revés nuestras vidas ha abierto el debate sobre si la tecnología digital desplegada para atajar el avance del Covid-19 debe o no invadir la esfera privada de los ciudadanos. Mientras en Asia gobiernos como el chino hacen el volcado de esa información sin pedir permiso a sus titulares amparándose en el bien común, en las sociedades occidentales el control de datos se considera una interferencia en los derechos de las personas. Sin embargo, la gravedad de la epidemia ha provocado en apenas dos meses un cambio de paradigma, hasta el punto de llevar a la Unión Europea a pedir a los operadores de telefonía utilizar los datos de los ciudadanos para evitar la propagación de la enfermedad.
Sólo en España, 40 millones de móviles podrán utilizarse para rastrear el virus. Y las consecuencias están a la vuelta de la esquina. Un ejemplo. El Ministerio de Asuntos Económicos, que dirige Nadia Calviño, acaba de autorizar el diseño de una aplicación de móvil para que las autoridades sanitarias puedan geolocalizar a los ciudadanos. La herramienta permitirá comprobar si se encuentran en la comunidad autónoma donde dicen estar o si, por ejemplo, se desplazan a segundas residencias los fines de semana. ¿Ciencia ficción? No, es el 'big data'. La dictadura del algoritmo, puesta en este caso al servicio del control de los desplazamientos. La cuestión es: ¿Renunciarán los gobiernos y la empresas privadas que lideran esta revolución digital a esa información obtenida en circunstancias excepcionales cuando estas hayan dejado de serlo?
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«La pandemia está demostrando que la gente es muy capaz de renunciar a la libertad a cambio de seguridad», advertía esta semana la escritora Geraldine Schwarz. Su preocupación no es gratuita. Cada consentimiento expreso que hacemos cuando descargamos una aplicación al móvil -y que nadie o muy pocos leen-, abre una brecha en nuestra intimidad, poniendo en manos de terceros la llave que desvela nuestros gustos, necesidades y preocupaciones. En un escenario como el actual, con la tercera parte de la población mundial confinada en sus casas y la conectividad wifi disparada hasta niveles estratosféricos, los wasaps o los videojuegos en red son la ventana al mundo. En Italia, el comercio electrónico se ha multiplicado por tres desde que se desató la crisis. Material escolar, alimentación, parafarmacia, deporte... Las empresas de telecomunicaciones compiten entre sí por regalar gigas en pleno 'boom' del teletrabajo y la educación 'online'. En este contexto, la información que cedemos ofrece múltiples posibilidades a quien sepa sacar partido de ellas.
¿Significa esto que vamos a ver recortada nuestra libertad? Eduard Blasi, profesor de posgrado en Protección de Datos de la Universidad Oberta de Cataluña, niega la mayor en base a la Ley Orgánica de diciembre de 2018 -y de otras similares a nivel europeo- que contempla excepciones para casos de fuerza mayor «siempre que se utilicen esos datos de manera agregada y anónima». ¿Con qué propósito? «Identificar a un sector de la población contagiado o con síntomas potenciales puede evitar el colapso de hospitales, desviando más profesionales y recursos allí donde más falta hagan». El actual marco legal, dice Blasi, impide que exista intromisión alguna en la intimidad de las personas ni que se condicione su libertad. Recuerda que existen instrumentos de control para garantizar el correcto uso de este información, «un uso -puntualiza- que deberá ser el necesario y mínimo, durante un tiempo determinado y para una finalidad muy concreta, sin que exista razón alguna para mantenerlo cuando hayamos superado la pandemia». Dicho de otro modo, «esto no es una barra libre y organismos como la Agencia de Protección están para garantizar que así sea».
No todos tienen la misma fe en las instituciones. «La OMS ya advirtió hace un par de semanas que no se puede utilizar el Covid como excusa para atentar contra la privacidad de las personas -recuerda Antoni Pérez-Navarro, experto en Informáticas, Multimedia y Telecomunicaciones-. Y si lo hizo fue porque eso es precisamente lo que está ocurriendo. Quizá no en todos los países, pero sí en lugares como China donde el marco jurídico pasa por encima del individuo». Personas a las que se aplica un código QR para validar su estado de salud, reconocimiento facial en la calle, sistema de inteligencia artificial puestos al servicio del control de las personas... «Nadie, jamás, había conseguido controlar una pandemia de manera tan eficiente y para eso ha hecho falta desplegar sobre el terreno un sistema de vigilancia que hubiera hecho palidecer de envidia al KGB y a la Stasi». Ahora bien, ¿a qué precio? «Porque está comprobado que, una vez montada la infraestructura, mantenerla es una tentación muy grande, aunque sea amparándose en el 'riesgo 0' o en que si se repite el escenario te pille ya preparado. Llevados por el miedo, hemos cedido derechos que en condiciones normales ni nos plantearíamos, pero que una vez que das el paso ya has perdido para siempre».
El arsenal de aplicaciones es incalculable y el grado de control varía según el ordenamiento legal de cada país. Mientras las herramientas desplegadas en España se apoyan en la sección censal o el código postal para no romper el anonimato, en Asia el grado de invasión es más grande. La coreana Corona 100 metros -de titularidad privada- se sirve de los servicios de localización del móvil activados para identificar zonas donde se han detectado casos, indicándote dónde acercarte o dónde no. O la china Sishenban, que determina a a través del GPS si has tenido riesgo de contagio y te asigna un color -rojo, amarillo o verde-, llegando incluso a obligar el confinamiento. «Ahora bien, imagine por un momento que ese sistema se implantara aquí, en España -reflexiona Pérez-Navarro-. Como nadie querría acercarse a ti, no sólo no lo dirías sino que lo esconderías, logrando un efecto contrario al que se persigue».
Para el antropólogo Jesús Prieto Mendaza, el debate de la privacidad no se debe abordar en términos de blanco o negro, «hay muchos grises intermedios». La esfera privada, recuerda, es un logro de la democracia, lo que no significa que sea un derecho absoluto. «En guerras, crisis o pandemias como es el caso, está justificado que nuestra geolocalización, por ejemplo, esté disponible, si el bien común, que es superior, se beneficia de ello. Otra cosa es el uso torticero de esa excepcionalidad». Doctor de la Universidad de Deusto, Mendaza alerta también contra el bombardeo constante de datos a menudo sin filtrar. «Es como quien se baja 200 películas en el ordenador y luego no ve ninguna. Nos atrincheramos detrás de las aplicaciones y hacemos un acopio indiscriminado de información. Tenemos más que nunca, pero también muchos fake news y bulos, lo que está poniendo de manifiesto que a menudo falta criterio para filtrar todo ese torrente». En este contexto, dónde queda el control de calidad, dónde nuestro nivel de exigencia.
Eduard Blasi | Experto en Protección de Datos
Jesús Prieto Mendaza | Antropólogo
Antoni Pérez-Navarro | Multimedia y Telecomunicaciones
María Cristóbal es ingeniera de telecomunicaciones de Hiberus Tecnología. A su juicio, la cuestión no es si los grandes operadores disponen ya de toda esa información que nos define, sino si pueden usarlo o no. Está de acuerdo con que existe una avalancha de información, de estímulos, y que esa sobreexposición no es necesariamente buena, «pero imagínese que la pandemia llega a desatarse en un mundo sin digitalizar. La situación sería caótica». Es el signo de los tiempos, advierte, y no hay marcha atrás. «Huawei ha desarrollado una aplicación vinculada a ascensores inteligentes para evitar tocar los botones y así reducir el riesgo de contagio, otros te descubren nuevos mercados en tiempos de desabastecimiento y los hay también que emiten diagnósticos a partir de los síntomas detectados. Podremos tener reparos, pero al final para la inmensa mayoría pesa más lo positivo, que te puedan ayudar, que el hecho de que te controlen». El dilema está servido.
Pérez-Navarro opina que estas aplicaciones están logrando que perdamos el espíritu crítico. «A menudo olvidamos que sólo serán buenas si los datos con los que trabajan son veraces. ¿Y quién garantiza eso sin margen de error?», desliza. José María Lassalle, director del Centro de Humanismo Tecnológico de ESADE y autor del libro 'Ciberleviatán' cree que decisiones como la de Bruselas de solicitar a los operadores que les faciliten nuestros datos «abre la puerta a situaciones más invasivas y sienta un precedente peligroso». En línea con lo que postulaba Geraldine Schwarz, Lassalle advierte que la demanda de aplicaciones tendrá consecuencias devastadoras. «El algoritmo está engordando la cuenta de resultados de las corporaciones tecnológicas y las plataformas que gestionan el megatsunami de datos que estamos generando estos días. Él decide y nos hace más eficientemente ser lo que dejamos grabado en nuestra huella digital».
Para el que fuera secretario de Estado de Agenda Digital con el ministro José Ignacio Wert, «la renuncia a la libertad se está produciendo de una manera inadvertida» y eso es porque «somos víctimas de la magia que la tecnología proyecta sobre nuestra vidas, haciéndola más fácil». En su opinión, el miedo a una situación desconocida hace que resolvamos nuestras incertidumbres hipercomunicándonos». El asunto, afirma, requiere un debate político urgente sobre nuestros derechos digitales, si no queremos convertir la tecnología en una estructura cotidiana de vigilancia, control y orden». El tiempo dirá si exagera.
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