El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, cifró este jueves en por lo menos 1.398 millones de euros el impacto de la borrasca 'Filomena' en la capital. Esa cifra, que todavía es «estimativa», se ha calculado «en función de daños a ... la actividad económica y a las infraestructuras y bienes», según detalló Almeida. Cinco días después de la gran nevada del sábado, la Junta de Gobierno del Consistorio madrileño, con el apoyo de todos los partidos, pidió oficialmente al Ejecutivo central la declaración de la ciudad como zona afectada gravemente por una emergencia, los términos con los que ahora se designa el concepto de zona catastrófica.
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La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, explicó que 998 millones corresponden a la paralización de los sectores económicos, 75 millones a los daños en edificios o instalaciones municipiales, 110 millones a desperfectos en calzadas y aceras, 97 millones a los árboles afectados y su posterior replantación y 30 millones a la interrupción del servicio de autobuses. Aun así, Villacís recalcó que la cifra no es definitiva. «Nos sirve como punto de partida, pero somos muy conscientes de que cuando podamos evaluar los daños, haciendo los cálculos con las distintas áreas, va a aumentar», subrayó.
«En esta ciudad cayeron 1,25 millones de kilos de nieve a lo largo de las 30 horas que estuvo nevando de manera ininterrumpida, lo que supone 23,2 millones de metros cúbicos de nieve», aseveró Almeida, un «tsunami de nieve», como lo calificó, que no había conocido Madrid «en cien años».
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A la petición de la ciudad se sumará la Comunidad de Madrid, que en su Consejo de Gobierno del próximo miércoles reclamara que toda la región sea declarada zona catastrófica, adelantó la presidenta Isabel Díaz Ayuso. «Según la ley, la Comunidad cumple con los requisitos para acogerse a esta declaración, primero, porque ha sido gravemente afectada por la borrasca y esta atención supera a los propios medios disponibles de la Administración, y segundo, por la paralización de los servicios públicos esenciales», afirmó Ayuso. Además, 70 municipios de la Comunidad de Madrid (gobernados por el PP y por el PSOE), la socialista Castilla-La Mancha y el municipio de Guadalajara, también gobernado por el PSOE, estudian solicitar la declaración de zona catastrófica.
El Gobierno central se abre cada día más a acceder a la petición de las administraciones perjudicadas por el temporal. Tras las primeras reticencias del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que el domingo aseguró que no había «daños importantes ni a bienes públicos ni privados», el Ejecutivo ha ido cambiando paulatinamente de postura y este jueves, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, indicó que va a estudiar la petición de Madrid «con sensibilidad». «Los daños, no sólo en Madrid, sino también en Castilla-La Mancha, han sido muy importantes», señaló en La Sexta Ábalos, que sin embargo, pidió centrarse ahora en la movilidad en la ciudad, todavía muy limitada a causa del hielo y de los árboles caídos.
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Las consecuencias del temporal continúan afectando a los transportes terrestre y aéreo de todo el país. Más de 400 carreteras, 26 en la red principal, seguían con problemas: 49 vías estaban cortadas y en 62 era obligatorio el uso de cadenas. Por su parte, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas operó al 70% de su capacidad, pero aún se registraron retrasos y cancelaciones, mientras que los trenes de Renfe, salvo incidencias en líneas como Madrid-Almería, funcionaron con normalidad.
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