Hacienda ha reclamado una veintena de beneficios fiscales por discapacidad en Burgos

Insistiendo en la explicación que ofrecieron a este periódico cuando saltó la denuncia de Autismo Burgos, APACE, Aspanias, Las Calzadas y APACID, Hacienda recuerda que los requerimientos remitidos a las familias se han realizado para comprobar si cumplían con los requisitos que marca la ley, es decir, si el hijo con discapacidad es dependiente económicamente en los casos en los que no reside con la familia.

En concreto, se han revisado 104 casos de familias de Burgos, de los cuales, la mitad se han cerrado dando la razón a los contribuyentes. Es decir, se ha reconocido que les corresponden los beneficios fiscales aplicados. Menos de una cuarta parte, explican, están todavía en trámite y el resto, alrededor de una veintena, se han concluido reclamando la devolucón de las desgravaciones. Eso sí, «en ninguno de estos casos se está aplicando sanción», matizan desde Hacienda.

La Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León tomó la decisión de no enviar nuevos requerimientos, tras los remitidos en verano, semanas atrás. Y así se lo comunicó a los órganos de Burgos. Simplemente, insisten, se ha completado el proceso de revisión, lo que no quiere decir que no se puedan hacer otras actuaciones en el futuro, en Burgos o en otros puntos del país, pero serían vinculadas a «casos de abuso flagrante de la norma», matizan.

Cuando se cierren todos los casos revisados, se trasladarán los resultados a Madrid para «fijar criterio de cara a las respuestas a dar a contribuyentes en el caso de futuras alegaciones o recursos», señalan. Desde Hacienda insisten en que la ley hay que cumplirla en todos los casos y, tras los ajustes realizados en 2015, si un hijo con discapacidad no reside con la familia (porque está en un centro especializado), hay que justificar la dependencia económica para beneficiarse de las deducciones fiscales.

Los primeros requerimientos a las familias llegaron en el mes de julio y, con ellos, saltaron todas las alarmas pues se temió que se les obligase a devolver las desgravaciones desde al año 2016, al examinarse las cinco últimas rentas. Las asociaciones burgalesas, muy molestas al ver que solo en Burgos se estaban tratamitando esas regularizaciones, alzaron la voz a principios de octubre y han recibido el apoyo de las federaciones nacionales, ante lo que consideraban una «persecución fiscal».

Afirmaban que las revisiones se estaban basando en una interpretación «torticera» de la ley, y que eran muy «injustas». Con la nueva redacción de la ley, en 2015, solo se considera que la persona con discapacidad que reside en un centro residencial convive con la familia si es ascendiente. Si es descendiente, tiene que justificarse una dependencia económica. Y eso es lo que se ha estado revisando estos últimos meses en Burgos.