Hacienda acorrala a 100 familias de Burgos al investigar su desgravación fiscal por hijo con discapacidad

Los requerimientos empezaron a llegar el pasado mes de julio. Se pide a las familias que justifiquen la covivencia con la persona con discapacidad, su dependencia económica y sanitaria, en un cambio en la interpretación de la ley que las asociaciones burgalesas Aspanias, Autismo Burgos, APACE, Las Calzadas y APACID no entienden. Sobre todo porque esto está ocurriendo únicamente en Burgos, no hay constancia de que los requerimientos hayan llegado a familias de otras provincias.

«Es un problema gravísimo», apunta Simona Palacios, presidenta de Autismo Burgos. «En la ley está clarísimamente expresado, las personas con discapacidad generan unos gastos y la familia tiene derecho a una deducción fiscal», insiste, por lo que considera «retorcida» la interpretación que se está haciendo de la legislación. Es más, Palacios habla de una «tomadura de pelo».

Hacienda pide justificar la convivencia en casos en los que las personas con discapacidad están en un centro de día. Y, en el caso de las que se encuentran en centros residenciales, las dependencias económicas van más allá de la covivencia. Las familias sufragan otros gastos como la vestimenta, el dentista o las vacaciones. «No se puede potenciar el desarraigo» de las personas con discapacidad.

Además, no todos los gastos vinculados a la atención a una persona con discapacidad se pueden justificar, y mucho menos si las justificaciones que se están pidiendo corresponden a los últimos cinco años, apunta Cristina Alonso. Esta técnico de Aspanias lamenta que estén pidiendo mucha documentación a las familias, lo que les causa mucho sufrimiento, agravado en los casos en los que se ha requerido la devolución de las desgravaciones.

«Las familias están muy indignadas», insiste Alonso, no entiende qué está pasando y por qué solo está ocurriendo en Burgos. «Cómo se pueden justificar viajes de 2016», se pregunta Alonso, quien recuerda que se trata de «mucho dinero» a devolver. Además, las asociaciones piden que se haga una interpretación garantista de la norma, que protege a las personas con discapacidad ayudando a las familias a sufragar sus gastos. De lo contrario, se les «abandona».

En la misma línea se ha mostrado Carmen Caro, coordinadora de Apacid, sobre una situación que también les ha sorprendido. Casi un cuarto de los afectados (aunque podría haber más investigados por la Agencia Tributaria) forman parte de la Asociación de Padres y Tutores del Centro Ocupacional El Cid y muchos de ellos «no van a poder hacer frente económicamente a lo que les están requiriendo». «Siempre van a por los más débiles. Muchas familias no van a poder justificar determinados gastos y se les va a generar un grave perjuicio. ¿Quién guarda un recibo de hace cinco años?», se pregunta Caro.

Asimismo, las asociaciones implicadas ya han puesto en manos de abogados estos requerimientos para que estudien los casos.