Las desocupaciones exprés se abren paso

«¿Tan difícil resulta librarse del intruso que ha entrado en el piso que pensaba dejar a mi nieto?», pensarán algunos antes de pagar los 2.500 euros de media (más IVA) que cuesta agenciarse el servicio. «Esto es como un traje a medida», matiza Esteve. «Desde intervenciones que resuelves en tres minutos hasta otros que te pueden llevar meses». Entre las primeras están los allanamientos de morada a cargo de mafias extorsionadoras o domicilios convertidos en narcoviviendas. «Nunca actuamos de espaldas a la Policía, así que cuanto mayor es el delito, más fácil es de resolver». La cosa se complica cuando los intrusos son familias con hijos, todos empadronados, escolarizados, el contador del agua y la luz a su nombre... Entre el blanco y el negro, calcule usted 60 grises intermedios.

Desokupa gestiona unos 40 desalojos por semana, «a veces más», y su 'modus operandi' abarca desde el pelotón de vigilantes cachas apoyados por perros para impedir al infractor que regrese a la vivienda una vez cruce la puerta, hasta ofrecer cantidades «asumibles» para que los intrusos abandonen su empeño. Esteve se estrenó en El Raval barcelonés hace ya seis años «por hacerle un favor a un amigo». Desde entonces asegura haber completado 5.470 desalojos, eso sí, subraya, «nunca a petición de los bancos».

Este director de seguridad y antiguo escolta califica la actual situación de «catastrófica» y culpa de ella al clima político -dedica perlas como perdigón lobero para Pablo Iglesias o Ada Colau-, «que fomenta el empadronamiento en casas ocupadas a cambio de votos», destrozando barrios enteros, denuncia. «Por cada diez pisos que vaciamos, ocho se vuelven a ocupar. Es como poner tiritas a un paciente que necesita que le operen a corazón abierto».

Sus maneras no son del agrado de todos, por mucho que lo suyo, repita, sea «la persuasión y no la intimidación». Una línea roja fácil de cruzar cuando en el descansillo se mezclan amenazas, agresiones y testosterona. Verónica Dávalos es una abogada especializada en derecho a la vivienda. Su radiografía de la situación no puede ser más opuesta. Para ella, estas empresas son un nicho de negocio surgido al calor de un «alarmismo intencionado».

«Todo está distorsionado, empezando por el clima de terror que se está alimentando. Nadie va a bajar a por el pan y le van a quitar la vivienda. En este país, le pese a quien le pese, los allanamientos de morada se pueden resolver en la Policía en cuestión de horas, a veces antes incluso de que un juez emita su auto». Así lo establece la ley 5/2018, por la que se interpela directamente al intruso si tiene título (un contrato de propiedad o de arrendamiento), «algo que el dueño puede obtener en el Registro de la Propiedad por tres euros».

Un escenario, insiste Dávalos, al que también contribuye la confusión entre el delito de allanamiento y el de usurpación de bienes inmuebles, que son «espacios vacíos y abandonados, propiedad de grandes tenedores como los bancos y los fondos de inversión y adquiridos muchos por ejecuciones hipotecarias». Las estadísticas, recuerda la letrada, hablan por sí solas. Según el INE, el año pasado se juzgaron 238 delitos por allanamiento y 4.687 por usurpación. «Y eso en un país de 48 millones de habitantes. La judicatura está escandalizada, porque la sensación que se transmite no se corresponde con la realidad».

Norberto de la Mata va más allá. El catedrático de Derecho Penal juzga que las empresas de desocupación carecen de razón de ser con el actual ordenamiento. Y el punto de inflexión, afirma, está en la orden del Fiscal Superior de Baleares del 10 de junio de 2019, cuando se facultó a la Policía a intervenir en casos de allanamiento, y tras comprobar que el que denunciaba era su legítimo propietario, sin necesidad de que se dictase instrucción ni auto judicial. La medida, trasplantada ya a a todas las autonomías, avala esa intervención, que a su vez pone en marcha automáticamente un procedimiento penal que «debería» poder resolverse en horas.

Edmundo Rodríguez Achútegui, de Jueces para la Democracia, es de la misma opinión. «Hay mucha alarma gratuita de quien da por sentado que una situación excepcional marca la norma, y no es así». La herramienta legal para combatir este escenario existe, «otra cosa es cómo esté cada juzgado y su grado de colapso». La actividad de estas empresas, recuerda sin embargo, es, siempre que se ajuste a derecho, tan lícita como lo es la de un cobrador de morosos. Pagan sus impuestos, ofrecen factura a sus clientes, tienen un seguro de responsabilidad civil... ¿Qué ocurre entonces? «Que aunque sobre el papel todo es muy civilizado, los tribunales están luego llenos de demandas porque hay desalojos que se realizan mediante coacciones y amenazas».

«'Fascistas', 'comandos', 'sicarios'... Nos atacan porque hacemos el trabajo que corresponde a la Administración y encima nos ganamos la vida», brama Esteve. Y nada mal por cierto, a juzgar por el trajín de los teléfonos. El empresario se mueve por toda España y tiene en nómina a 95 personas, incluido un gabinete jurídico. «Nos han denunciado un centenar de veces y nunca, jamás, hemos sido condenados. Grabamos todas las intervenciones, muchas llevadas a cabo con la Guardia Civil, la Policía Nacional, los Mossos... Todo legal y rápido». Acuden al lugar donde se les reclama con abogados, negociadores -«tres son mujeres, porque suavizan más las visitas»- y, por supuesto, vigilantes titulados, embutidos en chalecos y capaces de cortarte la circulación con un apretón de manos. «No somos suicidas, ¿se imagina no tomar precauciones en según qué sitios?».

Su diagnóstico lo comparte Toni Miranda, que dirige desde septiembre la Asociación de Afectados por Okupación (AAO). El primer mes llegaron al millar de asociados y ahora esperan cerrar el año con al menos 5.000. ¿Su objetivo? Ofrecer asesoramiento jurídico a las víctimas de estos procesos y demandar, añade, a las «administraciones cómplices».

«Representamos a particulares cuyas viviendas les han sido arrebatadas, a comunidades de vecinos que sufren acoso y que han visto cómo la convivencia saltaba por los aires». También a quienes han puesto su piso en alquiler y se encuentran con que sus inquilinos no pagan, subarriendan habitaciones o, peor aún, albergan actividades ilícitas.

El divorcio entre las cifras que esgrimen de un lado empresarios como Esteve y la asociación de afectados, y de otro el INE y el Consejo General del Poder Judicial, lo atribuye Miranda a los esfuerzos del Estado por transmitir que la ocupación no es un problema y así poder ampararlo. «Sus estadísticas sólo contemplan los delitos que entran en litigio (ya sean demandas penales o civiles). Pero esto no es real, porque se obvia a todas aquellas personas que recurren a las empresas de seguridad para que hagan lo que el Estado debía haberles garantizado».

La ocupación, describe Miranda, «tenía al principio un soporte ideológico que le ha brindado un espacio de impunidad, pero es un negocio que atrae delincuencia. Exigimos, desde el Estado de Derecho, que se respete la propiedad de las personas y se proteja la convivencia». El presidente de la AAO es partidario de una reforma legislativa para atajar un fenómeno extendido por todo el país, aunque con zonas 'más calientes' que otras.

Por ejemplo, Cataluña, «donde los alcaldes no pueden negarse a empadronar a okupas, siguiendo las directrices de la Generalitat». También en Madrid, en Andalucía, en Murcia. Y alerta sobre lo que está pasando en Galicia, «donde a este problema se suma un aumento de la violencia empleada contra los legítimos moradores, muchos enviados al hospital de una paliza sólo por pedir explicaciones a quien les violenta la casa».

El catálogo de despropósitos no es pequeño. «Acabo de visitar en Vallecas a un hombre que lleva sufriendo siete años. Su casa no está ocupada, pero su bloque y el aledaño sí. Su barrio de toda la vida es ahora una ciudad sin ley en manos de clanes dedicados al tráfico de drogas. Perdió la pareja, el trabajo, está de baja por depresión, los vecinos se han ido hartos de líos... Está solo».

La cosa se complica cuando las víctimas no sólo no pueden ejercer su derecho sobre el piso, sino que entran en costes. Impuestos, el suministro de agua y luz que se sigue girando a los dueños, los destrozos causados en el interior y las consiguientes reparaciones, las propiedades arrebatadas... Además, estas viviendas se deprecian en el mercado. «Hablamos de pérdidas que pueden rondar los 40.000 euros, dependiendo del tiempo que se prolongue la situación», calcula Miranda. Un trago amargo, lo suficiente como para no deseárselo ni al peor enemigo.