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Diputados socialistas y de Podemos aplauden a la exministra María Luisa Carcedo, impulsora de la ley. EFE

El Congreso aprueba la legalización de la eutanasia con una amplia mayoría

La izquierda, Ciudadanos, PNV e independentistas catalanes y vascos apoyan la iniciativa

Jueves, 17 de diciembre 2020, 16:01

Treinta y dos años después de la muerte de Ramón Sampedro, el tetrapléjico que se suicidó tras una intensa batalla judicial para que se le ayudara a morir, la ley despenalizadora de la eutanasia está más cerca. La norma obtuvo este jueves el visto ... bueno del Congreso con una mayoría transversal y superior a la que componen los socios habituales del Gobierno. Con la excepción de PP, Vox y UPN, que se manifestaron en contra del texto, la propuesta del PSOE consiguió el respaldo de toda la izquierda, los liberales de Ciudadanos , independentistas vascos y catalanes y partidos de inspiración cristiana como el PNV. La iniciativa sumó 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones. El proyecto se enviará ahora al Senado, donde se debatirá durante el mes de febrero, de manera que entrará en vigor en marzo.

La ley en ciernes contempla la ayuda a morir como una prestación de la cartera de servicios del sistema nacional de salud. Está concebida para quienes padezcan «una enfermedad grave, incurable e invalidante», la cual ha de ser certificada siempre por un facultativo.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, consideró que el texto , promovido por los socialistas, es «moderno y garantista». «Como sociedad, no podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento intolerable que padecen muchas personas; España es una sociedad democrática lo suficientemente madura como para afrontar esta cuestión», dijo el titular del departamento en la Cámara baja, antes de la votación del dictamen de la norma.

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La ley, que prevé la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, convierte a España en el sexto país del mundo que ha legislado sobre el asunto, después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia.

Para la portavoz socialista y exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, la norma está respaldada, según las encuestas, por el 85% de la sociedad española, lo que representa un apoyo de 40 millones de personas. «Nadie puede obligar a alargar la vida de otras personas», aseguró Carcedo, quien adujo que cada vez que en el Parlamento se debaten nuevos derechos, la derecha se enzarza en posturas «apocalípticas». «Bien es cierto que luego los asumen y practican», remachó. Frente a los argumentos del PP en el sentido de que el Consejo Español de Bioética ha expresado su rotundo rechazo al proyecto, la representante socialista adujo que los miembros este organismo no se habían leído el contenido de la ley.

Experiencia negativa

José Ignacio Echániz, del PP, argumentó que allí donde ha sido aprobada la eutanasia, la experiencia ha sido negativa. Puso como ejemplo que en los Países Bajos la eutanasia se aplicó a bebés con espina bífida. El portavoz popular aseveró que justo cuando la sociedad española ha contraído una deuda con los mayores y los médicos a raíz de la pandemia, se promueve esta ley, un gesto que demuestra la escasa sensibilidad del Gobierno. «La muerte no es ninguna terapia», sentenció el diputado, quien tildó la norma de «injusta, inoportuna e inconstitucional».

El PP insistió en la necesidad de universalizar los cuidados paliativos, porque sin ellos «no hay posibilidad de elección. Echániz arremetió contra una ley que se ha tramitado de forma «atropellada y chapucera», sin el concurso de expertos, asociaciones internacionales, judiciales y del ámbito sanitario.

La norma suscitó en la Cámara baja coincidencias poco habituales. Ciudadanos, independentistas catalanes y vascos, Podemos y otros grupos mostraron su acuerdo con una norma que no supondrá un menoscabo de los derechos de quienes no quieran acogerse a la eutanasia. «No debe sorprender que un partido liberal esté a favor de la libertad», sostuvo la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien destacó que la inducción y el auxilio al suicido siguen estando penalizados.

La intervención de la diputada de Vox Lourdes Méndez enconó el debate. Méndez tachó la ley de «despiadada, inhumana e ilegítima» la norma. Sostuvo que el texto permitirá al Estado matar a los discapacitados, además que alentará la creación de una «industria de la muerte», ya existente con la legalización del aborto y la muerte de los ancianos internados en residencias, hecho en el que la representante de la ultraderecha ve una voluntad eugenésica.

Méndez reiteró que su formación recurrirá la ley eutanásica ante el Tribunal Constitucional y recriminó a sus partidarios del proyecto que vea la luz esta norma «mientras el mundo celebra el nacimiento del hijo de Dios».

Rosa María Medel,de Unidas Podemos, acusó a la derecha de incongruencias en su discurso, pues alegó que los conservadores hacen uso de la eutanasia pagándola en clínicas privadas y mediante la petición de favores a médicos amigos. «La barrera del dinero es infranqueable, es la línea que separa a ricos y pobres incluso ante la muerte», concluyó.

«Es falso que a eutanasia sea una ley de muerte: es una ley de vida que te permite vivir con la confianza de que morirás como tú quieres, no como los otros desean», arguyó Pilar Vallugera, de ERC.

El PNV dio su sí al nuevo ordenamiento jurídico tras realizar una «profunda reflexión», según admitió su portavoz, Joseba Andoni Agirretxea. El parlamentario nacionalista negó que los cuidados paliativos puedan ser aplicable a todos los pacientes que sufren un dolor insoportable y una enfermedad incurable. El PNV votó a favor del proyecto porque considera la iniciativa «éticamente aceptable», además de ser «necesaria, oportuna y garantista».

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