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El Comité de Empresa de Aspanias asegura que la Inspección de Trabajo ha emitido un acta de infracción y ha sancionado a Aspanias por los incidentes acontecidos en la huelga del 23 de septiembre. «Surgidos al trasladar a un sótano de unas oficinas a trabajadores ... con discapacidad sin información ni garantías de salud y seguridad, vulnerando el derecho a la huelga e impidiendo la entrada de delegados sindicales», se explica desde el Comité de Empresa. La responsabilidad de estos hechos, afirman, corresponden al presidente de la Fundación CISA y a las cuatro personas que dirigen Aspanias.
La Inspección de Trabajo también ha levantado acta de infracción por los impagos por lo que cerca de 600 trabajadores y trabajadoras siguen sin cobrar la nómina y media que se les adeuda. «Esta situación, sumada a la sobrecarga de trabajo debida al incumplimiento de ratios profesionales/usuarios en los centros, al riesgo de contagio de la covid-19 y a la amenaza de los puestos de trabajo deja un panorama desolador en la plantilla», aseguran desde el Comité de Empresa de Aspanias. Se añade, además, que el clima laboral y la confianza están «completamente arruinadas». Esta situación ha derivado en que se hayan presentado unas 100 reclamaciones de cantidades ante la unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación.
Las denuncias de varias familias han llevado a la Gerencia de Servicios Sociales a realizar inspecciones en los centros. El Comité de Empresa asegura que «en los centros se ha podido constatar cómo los servicios se están degradando y deben corregirse numerosas incidencias».
El Comité de Empresa lamenta que la empresa siga con el objetivo de acometer despidos, tanto en la Fundación CISA como en la Fundación Aspanias. «A pesar de comprometerse a no llevar a cabo actuaciones unilaterales mientras se mantuviese el diálogo con los comités, la empresa, por su cuenta y sin aviso previo, ha despedido a otros dos trabajadores de la Fundación Aspanias».
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Desde UGT y USO rechazan esta medida y animan a la plantilla a denunciar en los juzgados cualquier despido, «a nuestro entender no existen causas objetivas que puedan calificarlos como procedentes», apuntan los sindicatos. Añaden que apoyarán a todos los trabajadores que denuncien sus despidos y seguirán exigiendo a la empresa que tenga una interlocución seria con todos los agentes implicados. Estudiarán, también, las medidas legales para reconducir esta situación y para realizar una auditoría de gestión que delimite responsabilidades.
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