Los trabajadores de la AP-1 exigen la subrogación total, mientras Gobierno y Junta diseñan los nuevos accesos

Jesús Alberto Mateo, presidente del Comité de Empresa, ha insistido en que «no admitirán ni un solo despido» dentro de los 120 empleados de la empresa, divididos entre peaje, mantenimiento, oficinas y servicio tecnológico. Son 120 familias que se enfrentan a un «futuro incierto», ha afirmado Mateo, pues a dos meses vista del fin de la concesión todavía no se sabe qué ocurrirá con sus empleos, pese a las promesas realizadas recientemente por Fomento.

«Reivindicamos nuestro derecho a seguir trabajando», ha afirmado el representante de los trabajadores, frente a una decisión «política y partidista», tomada de manera unilateral por el Gobierno central. «No está basada ni en el rigor económico ni en una visión de futuro», pues el mantenimiento de las vías acabarán pasando por el pago por uso, ha apuntado el presidente del Comité de Empresa. Han decidido liberalizar la autopista sin haber cerrado antes un plan de recolocaciones, así que «nuestro futuro está en el aire», así que exigen «respuestas rápidas».

Mateo ha recordado que se les aseguró que, una vez licitado el concurso para la conservación y el mantenimiento de la AP-1 ya liberada, se les llamaría a una reunión. Sin embargo, no ha ocurrido ni una cosa ni la otra, se ha lamentado, de ahí que estén dispuestos a tomar cuanta medidal legal esté en sus manos para garantizar la subrogación de la totalidad de la plantilla.

En estos momentos, la plantilla está conformada por 120 trabajadores, con una media de edad de 45 años. Alrededor de 30 superarían los 55, que serían los que podrían llegar a entrar en un plan de prejubilaciones, pero tampoco se ha establecido ninguna mesa negociadora para avanzar en este aspecto. Europistas solo dice que, a partir del 1 de diciembre, se acaba su concesión y presentará un expediente de regulación de empleo.

Mientras, la diputada socialista por Burgos Esther Peña considera que Europistas también tiene mucho que decir. «Son muchos los actuantes» en esta situación, ha afirmado, y no solo el Ministerio de Fomento, que está actuando «con buena voluntad». Peña respeta la movilización de los trabajadores, pero también les recuerda cuáles han sido los compromisos adquiridos por Fomento.

«Se ha hablado de subrogar al personal de mantenimiento», ha insistido, y con el resto realizar un «esfuerzo» para la recolocación. Además, la tramitación administrativa del nuevo contrato de mantenimiento y conservación «lleva su tiempo». Se aprobó la licitación el pasado 30 de agosto, en el Consejo de Ministros, y tiene que seguir su ritmo.

Eso sí, Esther Peña ha asegurado que Gobierno y Junta están trabajando para llegar «al mejor de los acuerdos» en lo que se refiere a los nuevos accesos a la vía de alta capacidad. Estaba prevista una reunión para este miércoles, entre Fomento y la Junta, en la que se iba a abordar esta cuestión, pues los posibles nuevos accesos a la AP-1 entroncarán con carreteras autonómicas. Sin embargo, un problema de agenda ha obligado a aplazarla hasta octubre, aunque sin fecha cerrada.

La diputada ha recordado que la reunión es una mera «formalidad», una «puesta en escena» del trabajo que se están realizando ambas administraciones, que siguen hablando aunque no se reúnan físicamente. Además, ayer mismo se le remitió al Ministerio el documento elaborado con la Plataforma de Vecinos de la N-I y los ayuntamientos del corredor, en el que se incluyen las propuestas de accesos y reorganización del tráfico.

El objetivo es ir avanzando de cara a la liberalización de la AP-1. De lo que todavía no hay noticia es del desvío bonificado y obligatorio de camiones, pues ni los presupuestos generales del Estado elaborados por el anterior Gobierno del PP ni los autonómicos de la Junta contemplaban partida económica para ello, ha apuntado Peña.