Seprona actúa este jueves en la granja denunciada y no encuentra irregularidades

Los agentes actuantes no habrían hallado ninguna irregularidad, dado que las condiciones en las que se encontraban los animales y sus instalaciones eran «correctas».

La querella se formalizó este lunes 27 de noviembre por parte de la ONG en el juzgado de Lerma contra los responsables y operarios de esta granja de cerdos de Quintanilla del Coco por presuntos delitos de maltrato animal con agravante de muerte, así como la modalidad de acción por omisión.

La ONG exige «la clausura de la granja y una condena ejemplar por la pésima gestión de los animales». Confirman, además, que la querella ha sido admitida a trámite. Explican que, pese a que Seprona haya acudido este jueves a la granja y la Junta envió a los veterinarios este miércoles, las imágenes de la investigación corresponden a las fechas de mayo a septiembre de 2023.

También explican que las visitas no han sido completamente sorpresivas, ya que el propietario de la granja conocía la investigación. Además, añaden que se le ha retirado el certificado Welfair en Bienestar Animal. «Lo que pasa es que los responsables del sello no explican por qué lo ha retirado ahora si, como señalan Seprona y la Junta, todo está en orden, ayudaría que lo explicaran», señalan desde Observatorio de Bienestar Animal.

La ONG aseguró que «se trata de unos de los peores casos de maltrato animal revelados hasta la fecha en España», según publican hoy varios medios de comunicación de tirada nacional. En las imágenes y vídeos que Observatorio de Bienestar Animal tiene de la que asegura en esta granja de Quintanilla del Coco aparecen cerdos en descomposición, malformaciones, gusanos y ratas.

Por su parte, la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC), que representa a todos los agentes de la cadena de valor del sector, rechazó hoy las «inadmisibles prácticas ilegales» recogidas en el vídeo de la granja de Quintanilla del Coco (Burgos).

Expresaron la «más rotunda condena de los hechos» y reiteraron «el firme compromiso del sector porcino con las buenas prácticas ganaderas, con la seguridad alimentaria y con el respeto al bienestar animal, por encima de cualquier otro interés».

Además, pidieron la puesta en marcha «inmediata» de todas las medidas administrativas, legales y jurídicas necesarias contra los responsables de estas malas prácticas que vulneran la ley y atentan contra la ética y deontología del sector ganadero español.