La plaza de toros de Aranda, sin licencia de apertura al no presentar recurso a su anulación

Este martes concluía el plazo para presentar recursos de casación en contra de la resolución judicial ante el Tribunal Supremo el Tribunal Superior de Justicia de la localidad.

Ni el Consistorio ni el dueño de la instalación, Victoriano del Río, han optado por esa vía judicial acatando la resolución del tribunal que anulaba el permiso al considerar que no se ajustaba a derecho. Ahora, la administración de justicia tiene diez días para declarar la firmeza de esa sentencia.

A partir de este momento, el propietario tendrá que presentar en regla la documentación para la petición del permiso de actividad, y el Ayuntamiento deberá tramitar una nueva licencia de apertura del coso.

Al respecto, se deberán cumplir los trámites administrativos obligatorios como la pertinente inspección urbanística que determine si se ajusta al proyecto y a la legalidad. Hasta ese momento, el coso no podrá utilizarse, y queda en el aire saber qué pasará con la feria taurina prevista para el mes de septiembre.

El pasado mes de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anulaba la licencia de primera ocupación y apertura de la plaza de toros Ribera del Duero de Aranda al considerar que «no es conforme a derecho». El permiso de actividad al coso propiedad de Victoriano del Río, se otorgó el 8 de septiembre de 2014 por cuatro de los ocho miembros de la Junta de Gobierno Local.

La sentencia recoge que solo se debería de haber procedió a la concesión del permiso de primera ocupación, «una vez determinadas las licencias de obras y las obras ejecutadas realmente», ya que «resulta evidente que existen unas modificaciones de las obras amparadas en las licencias iniciales».

En esta línea, el juzgado incide en que, además, el solicitante de la licencia aportó en octubre de 2014 un refundido final de obra, posterior a la concesión del permiso impugnado.

Algo que, según la sala, «evidencia aún más que no podía haber obtenido la misma, sin determinarse previamente las obras ejecutadas, habiendo determinado e inspeccionado que las obras se habían ejecutado y, por lo tanto, si las mismas se adecuaban o no a las licencias».

La resolución considera que todo ese proceso obligatorio por normativa «ha sido omitido claramente», por lo que se considera es «nulo de pleno derecho».

El TSJ estimaba, entonces, el recurso presentado por la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros contra la licencia de apertura del coso. Recurso que había sido desestimado en primera instancia por el juzgado de lo contencioso administrativo.

La licencia de apertura de la plaza de toros de Aranda se aprobó en una Junta de Gobierno Local en septiembre de 2014, solo con la presencia de cuatro de los ocho miembros del órgano ejecutivo, pertenecientes todos al Partido Popular.

En este caso, votaron a favor la actual alcaldesa, Raquel González y el todavía responsable de la concejalía de Obras, Alfonso Sanz, junto a las ya exediles Azucena Esteban y María Ángeles Marín. No acudiendo a la cita los otros cuatro miembros, Ángel Calvo, Celia Bombín, Javier Rojas y Diego Velázquez.

La Plataforma Ciudadana por la plaza de toros consideró que el asunto no se ajustaba a la legalidad y presentó un recurso Contencioso Administrativo donde se argumentaba que se había aprobado sin haberse realizado la pertinente inspección urbanística.

Otros de los aspectos fundamentales esgrimidos en el recurso que ahora ha sido tomado en cuenta por parte del TSJ fueron los informes jurídicos municipales contrarios y la falta de documentación visada y certificada.