La Plataforma por la Plaza de Toros de Aranda pide un alcalde que «no mienta»

El colectivo recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el pasado mes de abril, en una resolución judicial consideró que el Ayuntamiento de la capital ribereña evitaba cumplir la legalidad en el asunto de la plaza de toros, anulando también el acuerdo del gobierno municipal que dejaba el coso fuera de ordenación para no tramitar una nueva licencia de apertura.

«El Ayuntamiento está adoptando todas las medidas que tiene a su alcance para conseguir que la obra no se ajuste a la legalidad urbanística», manifestaba la sentencia. El año anterior, el mismo tribunal había anulado la licencia de actividad y apertura del coso de 2014, al considerarla nula de pleno derecho.

«Queremos manifestar nuestra más absoluta reprobación a las versiones que lanza la candidata por el PP, afirmando que en la reunión que mantuvo con miembros de nuestro colectivo al poco de iniciar su primer mandato en 2011, nosotros le dijimos que sólo faltaban cuatro cosas para arreglar los problemas urbanísticos de la plaza».

En esta línea, la Plataforma por la Plaza de Toros apunta a que la afirmación es «absolutamente falsa». El colectivo hace historia sobre su labor en la que «siempre hemos denunciado ante el Ayuntamiento, ante los órganos judiciales y ante la opinión pública la existencia de muchas deficiencias e irregularidades urbanísticas, de seguridad y de otro índole, y así lo seguiremos denunciando mientras el Consistorio, siga, tal y como ha manifestado el TSJ en su última sentencia, actuando no sólo de espaldas a la legalidad urbanística, sino de forma activa para que la plaza de toros no cumpla con la legalidad».

La Plataforma recuerda a la candidata del Partido Popular que, desde junio de 2016, en su condición de alcaldesa tiene conocimiento de la existencia de un informe del arquitecto municipal «en el que se recogen múltiples irregularidades urbanísticas, algunas de ellas que afectan a la estructura de la plaza y pese a ello sus esfuerzos únicamente se han dirigido a que se abra una plaza de toros que no cumple la legalidad».

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló en marzo de 2022 la licencia de primera ocupación y apertura de la plaza de toros Ribera del Duero de Aranda al considerar que «no es conforme a derecho».

El permiso de actividad al coso propiedad de Victoriano del Río, se otorgó el 8 de septiembre de 2014 por cuatro de los ocho miembros de la Junta de Gobierno Local, pertenecientes todos al Partido Popular.

En este caso, votaron a favor la actual alcaldesa, Raquel González y el todavía responsable de la Concejalía de Obras, Alfonso Sanz, junto a las ya ex ediles Azucena Esteban y María Ángeles Marín. No acudiendo a la cita los otros cuatro miembros, Ángel Calvo, Celia Bombín, Javier Rojas y Diego Velázquez.

La Plataforma Ciudadana por la plaza de toros consideró que el asunto no se ajustaba a la legalidad y presentó un recurso Contencioso Administrativo.

En el mismo se argumentaba que la concesión de la licencia de apertura y primera ocupación se había aprobado sin haberse realizado la pertinente inspección urbanística, con todos los informes jurídicos municipales contrarios, y con falta de documentación visada y certificada.

Esos eran algunos de los aspectos principales que se esgrimían en el recurso que ahora ha sido tomado en cuenta por parte del TSJ. La plaza de toros construida en el año 2004 lleva casi dos décadas en un situación de falta de legalidad urbanística.