El TSJ considera que el Ayuntamiento de Aranda evita cumplir la legalidad en la plaza de toros

Se trata de un extracto de la sentencia que anula el acuerdo municipal de agosto de 2022 de dejar el coso taurino fuera de ordenación, una vez que el Tribunal anulara la licencia de actividad y apertura de 2014, al considerarla nula de pleno derecho.

En lugar de optar por el cumplimiento de la sentencia y emprender un nuevo proceso para la concesión del permiso, el gobierno municipal apostó por dejar la construcción fuera de ordenación con el interés de que se celebrara la feria taurina en el mes de septiembre. Festejos que no tuvieron lugar finalmente al negarse del Río a organizar la programación.

El acuerdo se recurrió tanto por la Plataforma por la Plaza de Toros, como por el propietario de la instalación, a quienes la justicia dio la razón en primera instancia en enero con una sentencia del Contencioso Administrativo, que ahora se ratifica por el TSJ.

La resolución judicial supone un nuevo varapalo para el gobierno municipal liderado por la alcaldesa, Raquel González, que suma sentencias contrarias en el proceso urbanístico de la plaza de toros. El Ayuntamiento, según el TSJ, pretende «conseguir no cumplir con el fallo de la sentencia que se trata de ejecutar, lo cual es totalmente rechazable y no puede ser amparado de ninguna forma».

En esta línea, se incide en que los acuerdos tomados por la Junta de Gobierno el 9 de agosto y 2 de septiembre de 2022 pretenden que «se siga utilizando la plaza de toros sin cumplir con la sentencia de esta Sala, por lo que se debe considerar la anulación del acuerdo y en ningún caso entender ejecutada la sentencia».

Asimismo, se recuerda por parte del Tribunal que supone una infracción urbanística «el poder utilizar el inmueble sin obtener la licencia de primera ocupación y de apertura, por lo que en ningún caso, no estando prescrita la acción de restauración de la legalidad, no procede la declaración de situación equivalente a fuera de ordenación».

Es más, el juzgado recuerda la hoja de ruta para proceder a la legalización, considerando «imprescindible» realizar una inspección final que determine si realmente las obras ejecutadas se ajustan a la licencia correpondiente. «Si procede otorgar la licencia deberá concederse y si no procede deberán ajustarse las obras que se ejecuten a la licencia de obras concedida o deberá solicitarse una nueva». La sentencia va más allá y especifica que «en el caso de que no se ajusten a la normativa y no se puedan legalizar» se procederá a «derribar estas obras».

La resolución hace referencia también a la utilización del coso taurino de un forma «totalmente irregular» mediante autorizaciónes provisioneles, actuación «totalmente contraria a la legalidad por parte del Ayuntamiento».

Un hecho que, según el juez, en ningún caso puede dar como resultado considerar que haya prescrito el plazo establecido para restaurar la legalidad urbanística. Además, insiste en que no se aprecia que el propietario del coso «tenga a día de hoy el derecho de impedir cualquier intento de demolición de los construido o la privación del derecho de uso de que está disfrutando, pues este uso se está realizando mediante acuerdos que la Justicia ha indicado que son contrarios a la legalidad urbanística».

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló en marzo de 2022 la licencia de primera ocupación y apertura de la plaza de toros Ribera del Duero de Aranda al considerar que «no es conforme a derecho».

El permiso de actividad al coso propiedad de Victoriano del Río, se otorgó el 8 de septiembre de 2014 por cuatro de los ocho miembros de la Junta de Gobierno Local, pertenecientes todos al Partido Popular. En este caso, votaron a favor la actual alcaldesa, Raquel González y el todavía responsable de la Concejalía de Obras, Alfonso Sanz, junto a las ya ex ediles Azucena Esteban y María Ángeles Marín. No acudiendo a la cita los otros cuatro miembros, Ángel Calvo, Celia Bombín, Javier Rojas y Diego Velázquez.

La Plataforma Ciudadana por la plaza de toros consideró que el asunto no se ajustaba a la legalidad y presentó un recurso Contencioso Administrativo. En el mismo se argumentaba que la concesión de la licencia de apertura y primera ocupación se había aprobado sin haberse realizado la pertinente inspección urbanística, con todos los informes jurídicos municipales contrarios, y con falta de documentación visada y certificada. Esos eran algunos de los aspectos principales que se esgrimían en el recurso que ahora ha sido tomado en cuenta por parte del TSJ. La plaza de toros construida en el año 2004 lleva casi dosdécadas en un situación de falta de legalidad urbanística.