La letrada despedida del Ayuntamiento de Aranda denuncia retrasos en su reincorporación

«Está siendo una reincorporación un tanto compleja, porque las concejalas de Obras y Personal sí han dado la instrucción de que se reincorporase a trabajar y así lo hizo el lunes. La sorpresa ha sido cuando hemos empezado a encontrarnos con problemas de tipo técnico», detalla su abogado, Enrique Ríos.

Al respecto, precisa que se ha tardado «cuatro días en dar de alta en la seguridad social y otras cuestiones» por parte de los servicios técnicos, que «se deben a ciertas actitudes que venimos observando desde el inicio de esta problemática». Alude a que se trata de acciones llevadas a cabo por funcionarios, al considerar que el actual equipo de gobierno «ha colaborado» en la ejecución de la sentencia para reincorporar a la trabajadora. Resolución judicial que el Ayuntamiento decidió no recurrir.

Como ya anunció el pasado mes de junio, Ríos mantiene que están valorando acudir a la vía penal y sopesan interponer una denuncia por 'acoso laboral' contra la secretaria General y a los técnicos de personal inmersos en el asunto. «Evidentemente, después de tres años de proceso, la trabajadora sufre cierto cansancio, pero seguimos dejando la puerta abierta para ir a la vía penal, porque sigue habiendo determinadas personas que están jugando con una idea muy clara, que es hacer todo lo posible para que la letrada no vuelva a su puesto de trabajo», recalca Ríos.

Al respecto, incide en que «queremos terminar esta problemática, pero que todo el mundo acabe con ella». De esta manera, lanza un mensaje a «todos aquellos que sigan haciendo lo posible y lo imposible para que la letrada de obras no se incorpore debidamente a su puesto de trabajo» para que «tengan en cuenta que seguimos dejando esa puerta abierta para ir a la vía penal».

El juzgado de lo Social ha anulado el despido de la trabajadora al considerar la decisión tomada por la exalcaldesa, Raquel González, y avalada por la secretaria General; como «injustificada» y «discriminatoria». La sentencia alude a que no hay ningún dato objetivo para proceder al despido de la abogada, ya que una arquitecto municipal se encontraba en las mismas circunstancias y no tuvo la misma suerte.

Se trata de la segunda sentencia del juzgado sobre este asunto, ya se había emitido una en los mismos términos que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia para abrir una nueva prueba documental y dictar una nueva sentencia admitiendo un organigrama de la Relación de Puestos de Trabajo aprobado tras el despido de esta trabajadora. Esa resolución provocó el segundo despido de la trabajadora por parte de González, dos días después de perder las elecciones municipales del 28 de mayo y estando en funciones.

Además de la reincorporación inmediata, la justicia condena al Consistorio a pagar una indemnización de 18.000 euros por daños morales y restablecer los salarios de tramitación desde el momento que se produjo ese despido, hace ahora casi tres años.