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El despido «injustificado» y «discriminatorio» de una letrada urbanista por parte de la exalcaldesa de Aranda, Raquel González, costará a las arcas municipales 18.000 euros en concepto de daños morales a la trabajadora. Así lo determina una sentencia del juzgado de lo Social que ... obliga al Ayuntamiento a la readmisión «inmediata» de la letrada en las mismas condiciones que regían antes de su despido en diciembre de 2020. Además, el Consistorio deberá restablecer los salarios de tramitación desde el momento que se produjo ese despido, hace ahora casi tres años. Fuentes municipales confirman que la trabajadora se incorporará el próximo lunes a su puesto en la Oficina Municipal de Urbanismo y el Ayuntamiento, con un nuevo equipo de gobierno, no recurrirá esta sentencia.
La resolución judicial considera que no hay ningún dato objetivo para proceder al despido de la abogada y lo califica como discriminatorio, ya que una arquitecto municipal se encontraba en las mismas circunstancias y no tuvo la misma suerte. Todo ello, en una decisión de la entonces alcaldesa en la que contó con el apoyo de la secretaria General del Consistorio. Se da la circunstancia de que la letrada y la ex primera edil habían tenido encontronazos después de que la letrada declarará en varios procesos relacionados con las licencias de la plaza de toros.
Se trata de la segunda sentencia del juzgado sobre este asunto, ya se había emitido una en los mismos términos que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia para abrir una nueva prueba documental y dictar una nueva sentencia admitiendo un organigrama de la Relación de Puestos de Trabajo aprobado tras el despido de esta trabajadora. Esa resolución provocó el segundo despido de la trabajadora por parte de González, dos días después de perder las elecciones municipales del 28 de mayo y estando en funciones.
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Susana Gutiérrez
Ahora, por segunda vez, los tribunales se pronuncian, incluso con más dureza, al observar la estrategia esgrimida por los anteriores regidores presentando un documento aprobado a posteriori del despido y siendo un mero esquema. Fuentes cercanas al proceso, apuntan a que antes de esta sentencia, el equipo de gobierno intentó llegar a un acuerdo para la reincorporación de la letrada, que fue frenado por la secretaria General.
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