El juzgado tumba el permiso del Ayuntamiento de Aranda para usar la plaza de toros sin licencia de apertura

Celebraciones que finalmente no se realizaron por decisión del propietario del coso, Victoriano del Río. El dueño de la plaza de toros, por una parte, y por otra la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros, recurrieron este acuerdo ante el juzgado que ahora les da la razón al considerarlo «nulo de pleno derecho».

En el auto del juez refleja que el Ayuntamiento ha pretendido «eludir» el cumplimiento de la sentencia que declaraba la ilegalidad de la licencia de apertura del coso, dejando el coso fuera de ordenación aludiendo a que las infracciones urbanísticas estaban prescritas. Algo que, según la resolución, «solo puede ser decidido», tras el resultado de «la inspección final de obra determiné qué actos estén revestidos de licencia y cuáles no así como las consecuencias ligadas de ello». Inspección urbanística que nunca se ha realizado, según reflejan numerosos informes técnicos.

Asimismo, el juzgado alude al argumento «un tanto sorprendente» del Consistorio arandino al defender que la licencia de apertura «no era necesaria». En este sentido, refleja que «si ello hubiese sido así, poco sentido tendría que el propio Ayuntamiento hubiera otorgado la licencia de apertura en el acto administrativo que luego fue objeto de anulación». Al respecto, añade que se tiene que tener en cuenta que la licencia ambiental que tiene la plaza data de agosto de 2004 y «en ella se dispone la necesidad de obtener la licencia de apertura». La resolución no es firme y cabe recurso de apelación ante el mismo juzgado.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló en marzo de 2022 la licencia de primera ocupación y apertura de la plaza de toros Ribera del Duero de Aranda al considerar que «no es conforme a derecho». El permiso de actividad al coso propiedad de Victoriano del Río, se otorgó el 8 de septiembre de 2014 por cuatro de los ocho miembros de la Junta de Gobierno Local, pertenecientes todos al Partido Popular. En este caso, votaron a favor la actual alcaldesa, Raquel González y el todavía responsable de la Concejalía de Obras, Alfonso Sanz, junto a las ya ex ediles Azucena Esteban y María Ángeles Marín. No acudiendo a la cita los otros cuatro miembros, Ángel Calvo, Celia Bombín, Javier Rojas y Diego Velázquez.

La Plataforma Ciudadana por la plaza de toros consideró que el asunto no se ajustaba a la legalidad y presentó un recurso Contencioso Administrativo. En el mismo se argumentaba que la concesión de la licencia de apertura y primera ocupación se había aprobado sin haberse realizado la pertinente inspección urbanística, con todos los informes jurídicos municipales contrarios, y con falta de documentación visada y certificada. Esos eran algunos de los aspectos principales que se esgrimían en el recurso que ahora ha sido tomado en cuenta por parte del TSJ. La plaza de toros construida en el año 2004 lleva casi dos décadas en un situación de falta de legalidad urbanística.