El juzgado anula el expediente disciplinario contra el portavoz de los bomberos de Aranda

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Burgos ha anulado el expediente disciplinario por falta grave abierto por el Ayuntamiento de Aranda al portavoz de los bomberos, que le sancionaba con la suspensión de sus funciones durante tres meses. Una sentencia que ya es firme y en la que el tribunal considera que ese expediente no es conforme a derecho, «deja sin efecto la sanción» e impone al Consistorio el pago de 500 euros en costas.

«Con esta resolución, la justicia deja en evidencia la gestión realizada por la anterior alcaldesa, Raquel González, el exconcejal de Personal, Vicente Holgueras; apoyados y amparados por la secretaria General y el jefe del Personal del Consistorio», apuntan desde el cuerpo de extinción de incendios a través de una nota de prensa. En esta línea, recuerdan que «se da la circunstancia de que, a pesar de que los cuatro impulsores del proceso contra este trabajador son profesionales del Derecho, han recibido un claro correctivo y varapalo por parte del juzgado que demuestra que han actuado fuera de la legalidad y lejos del interés público».

El expediente sancionador a la cabeza visible de las reivindicaciones de los bomberos data de febrero de 2020 y respondía, según el jefe de Personal, a dos faltas graves. En concreto, se le imputaban faltas por «obstaculización» de ejercicio de las funciones a un compañero y «desconsideración» a los superiores. Unos hechos que habían sucedido casi tres años atrás, pero que se retomaron casualmente después de que el trabajador municipal pidiera públicamente la dimisión de la alcaldesa, tras más de dos años denunciando la falta de seguridad en la Ribera del Duero por la ausencia de retén de guardia.

Llamaba la atención que el proceso había «prescrito» para el resto de los compañeros afectados, a pesar de que se les adjudicaban los mismos hechos sancionados y sólo siguió adelante en este caso concreto. El expediente se tradujo primero en siete meses de suspensión de funciones para reducirse más tarde a tres, aunque en el inicio del proceso se llegó a plantear la posibilidad de imputarle tres faltas graves con una posible sanción de 18 años de suspensión de empleo y sueldo, seis años por cada falta grave. Incluso el expediente se remitió a Fiscalía para que determinara si se había incurrido en un delito, y fue archivado.

Ahora, la sentencia del Contencioso Administrativo ha acogido el recurso del trabajador que ve una «falta de igualdad de trato en relación a otros implicados en el expediente», al culminar con el archivo por prescripción o simple apercibimiento al resto de los compañeros, mientras que al portavoz de las reivindicaciones se le impusieron tres meses de suspensión de funciones, ligándolo a su condicional de miembro de la Junta de Personal y delegado sindical. También se aduce la vulneración de su derecho a la libertad sindical y la vulneración del derecho a la intimidad por admisión de una grabación privada. Respecto, a varios WhatsApp que se esgrimían por parte del Consistorio como prueba, dice el juzgado que algunos están prescritos y otros responden a opiniones que no están dirigidas a una persona concreta. «La situación generó, además, un desgaste personal y de salud en este trabajador municipal que sopesa, junto a sus abogados, abrir un proceso judicial solicitando daños y perjuicios por las consecuencias sufridas durante meses», aseguran.

Los bomberos consideran que la justicia viene a dar la razón a las manifestaciones públicas realizadas en reiteradas ocasiones, «donde se denunciaba la persecución a este profesional con el objetivo de sembrar el miedo entre sus compañeros y frenar las reivindicaciones del cuerpo de extinción de incendios por la falta de medios y de seguridad en Aranda y comarca».

Recuerdan que una de esas manifestaciones celebradas en Aranda fue convocada por la Plataforma Profesional de Bomberos de Castilla y León el 27 de abril de 2023. Entonces, esta plataforma de profesionales denunciaba «la manipulación caciquil de la alcaldesa, su equipo de gobierno, el concejal de seguridad y el jefe que han colocado a dedo. Todos ellos intentan esconder su pésima gestión y falta de dialogo, de los que durante años vienen haciendo gala». Aludían a que los entonces responsables municipales arandinos «machacan» al expedientado y su familia y «callan» al resto. «Así tienen un cuerpo de bomberos precario, deteriorado y esclavo con miedo a todo, pensando que no vaya a ser yo el siguiente».

Un año después de esa concentración, según la nota, «se demuestra la persecución vivida por el portavoz de los bomberos a través de una clara política para generar el miedo y silenciar a trabajadores no afines, que se llevó a acabo en el anterior mandato con la cooperación necesaria de algunos altos funcionarios». Ademas, desvelan que existen otros ejemplos, como el despido «injustificado» y «discriminatorio» en diciembre de 2020 de una letrada urbanista por parte de la exalcaldesa, Raquel González, amparado por la secretaria General del Ayuntamiento. Costó a las arcas municipales 18.000 euros en concepto de daños morales a la trabajadora, tras una sentencia del juzgado de los Social que obligaba a su readmisión «inmediata» en las mismas condiciones que regían antes de su despido.

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