Intervención concluye que el Ayuntamiento de Aranda no puede asumir el coste de ocho bomberos por turno

Esas son, a grandes rasgos, las principales conclusiones del informe económico encargado por el concejal de Personal, Vicente Holgueras, tras el compromiso adquirido con los bomberos el 17 de junio, de implantar unos servicios mínimos de ocho efectivos por turno, hasta que se desbloqueara la implantación del retén de guardia con la aprobación de la Relación de Puestos de trabajo.

El compromiso del responsable municipal de Personal era el de implantar ese acuerdo en un plazo de tres semanas, tiempo que ha expirado. «Aumentar al doble el número de efectivos por turno conlleva sobredimensionar el servicio, diseñando un servicio para la eventualidad más remota», mantiene el informe económico. En esta línea, considera que la bolsa de interinos que ha incorporado a nueve bomberos «no responde a la finalidad de doblar el número de efectivos para devengar mayor número de horas extras, sino para cubrir el absentismo y los puestos vacantes de la plantilla».

Desde intervención se defiende que la propuesta de ocho bomberos por turno «puede ser eficaz, pero en ningún caso es económica y eficiente, ni mucho menso proporcionada y adecuada al objetivo que se persigue». Los servicios económicos insisten en que esa solución no minimiza el coste de los efectivos empleados para conseguir la finalidad de garantizar la cobertura ante siniestros simultáneos, ni consigue la mejor relación entre el objetivo que se pretende y los recursos que se emplean.

En el informe se insiste en que «el crédito disponible no es suficiente para atender la cuantía estimada» de más de 580.000 euros, especificando que la partida prevista para servicios extraordinarios está con un déficit de 36.000 euros, «por lo que se ha gastado a 30 de junio todo lo presupuestado».

Los Servicios de Intervención alertan de que si se optara por mantener esa propuesta en el tiempo, el Ayuntamiento pondría en «riesgo» la estabilidad de la tesorería municipal, «reduciendo la liquidez necesaria para el pago a proveedores, llevando al incumplimiento del límite del periodo medio de pago a proveedores al superar los 30 días que prevé la normativa».

En este sentido, considera que el gasto provocaría un aumento del capítulo 1 del presupuesto, «mermándose así la capacidad del Ayuntamiento para destinar sus ingresos no financieros al los gastos de inversión necesarios lo que conllevaría la necesidad de aumentar el recurso a la deuda para su financiación»

Recuerda que, en la actualidad, el gasto corriente no puede ser financiada con deuda a largo plazo, ni deuda a corto plazo porque la situación de la tesorería municipal «está saneada y no lo requiere».