Los exjugadores de la Arandina se enfrentan a peticiones de más de 39 años de cárcel

Los tres jóvenes se enfrentan a peticiones de cárcel que superan los 39 años, por parte de la Fiscalía, la acusación particular y la acusación popular que ejerce la Asociación Clara Campoamor. A cada uno de ellos, se les imputa un delito de agresión sexual a una menor, dos delitos de agresión sexual como cooperadores necesarios y otro delito contra la libertad sexual.

La Audiencia Provincial decretó, el pasado mes de julio, la apertura de juicio oral contra los deportistas, al considerar que «de las actuaciones practicadas se desprende que los hechos investigados revisten carácter de delito, existiendo base suficiente para su persecución». Con anterioridad, en su auto de procesamiento, la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 1 de Aranda de Duero vio «claros indicios de culpabilidad» en Carlos Cuadrado, Victor Rodríguez y Raúl Calvo, por la presunta comisión, cada uno de ellos, de un delito continuado de agresión sexual a una víctima menor de 16 años.

La instructora aludió como pruebas de cargo a las dos exploraciones de la víctima «en las que relató pormenorizadamente los hechos, coincidiendo en aspectos esenciales que configuran la figura delictiva», además de las propias declaraciones de los futbolistas, «que se han limitado a negar los hechos no coincidiendo en algunos aspectos de sus versiones entre sí». La jueza destacó también la exploración de algunos testigos menores de edad «que corroboran periféricamente la versión de la menor» y otras testificales de las personas de su entorno más próximo «que de forma similar relatan cómo la propia víctima les contó lo que le había ocurrido». Respecto a las periciales, la magistrada concluyó que los informes policiales de la extracción, volcado y análisis del contenido de los teléfonos móviles de los deportistas y la denunciante «infieren tanto el conocimiento por parte de los investigados de la edad de la menor, como sus intenciones sexuales con la misma, valiéndose de su superioridad en madurez y en número». Los informes forenses, psicológicos y biológicos completan, según la instructora, los indicios de culpabilidad de los jóvenes.

La abogada de la víctima, en su escrito de acusación, solicita 44 años de cárcel para cada uno de los tres jugadores. De esta manera, la acusación particular se decanta por una calificación del delito similar al de la Fiscalía de Burgos y a la acusación popular, ejercida por la Asociación Clara Campoamor, pero solicita penas más altas. Mientras la letrada de la menor cifra la petición en 44 años de prisión para cada futbolista, la Fiscalía pide 39 años de cárcel para Victor Rodríguez y Carlos Cuadrado y 40 para Raúl Calvo, mientras que la acusación popular solicita 42 años y 8 meses de cárcel. Por su parte, las defensas de los tres futbolistas niegan todos los hechos que les imputan. Los tres abogados, según fuentes cercanas al caso, llevarán la misma línea de defensa.

En la petición de testificales, se prevén los interrogatorios a los tres procesados, a la denunciante y diversos testigos, la mayor parte de ellos que ya pasaron por la fase de instrucción. Respecto a las pruebas documentales, se presentará parte del sumario del caso con extractos de conversaciones en redes sociales, audios y vídeos enviados entre denunciante y jugadores, entre otros. En el caso de Carlos Cuadrado, en el escrito de defensa, también se incluye un test de parte contratado a un médico particular. El documento, según trascendió en su día, contradice la conclusión de peritos del juzgado, que mantenían que tiene una madurez propia de sus 25 años. En el mismo se incluyen algunos datos como que el jugador, desde su adolescencia, padece el síndrome de déficit de atención.

El denominado 'Caso Arandina' saltó a la luz pública el lunes 11 de diciembre de 2017, cuando, ante la rumorología, el club de fútbol emitió un comunicado público en el que confirmaba la detención de tres de sus jugadores que compartían piso en la calle San Francisco de la ciudad. Esa misma mañana, una joven de 15 años, acompañada de su padre, había interpuesto una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional, afirmando haber sido víctima, semanas antes, en concreto el día 24 de noviembre de 2017, de una agresión sexual por parte de los tres jóvenes en la vivienda de éstos. Según su testimonio, tras encontrarse con uno de ellos en el portal del inmueble, le acompañó al piso, donde detalló ser víctima de los hechos denunciados. Tras pasar a disposición judicial y ser testigos del registro de la vivienda, los jóvenes ingresaron en prisión provisional sin fianza, situación en la que se mantuvieron durante tres meses.

Tras un periodo largo de instrucción, donde se realizaron numerosas pruebas testificales y documentales, la jueza instructora emitió un auto de procesamiento que remitió a la Audiencia Provincial que decretó la apertura de juicio oral.