El Ayuntamiento intenta eludir la inspección de 2016 y facilitar la licencia de la plaza de toros

«El informe de esa inspección impide otorgar legalmente una nueva licencia de primera ocupación y apertura a la plaza de toros», indica la plataforma ciudadana a través de un comunicado. En esta línea, recuerdan que el arquitecto técnico documentó en un total de 26 páginas, «una relación exhaustiva de actos constructivos ejecutados en la construcción que vulneran las condiciones de la licencia de obras y la legislación urbanística y sectorial».

A mayores, el colectivo ciudadano acusa a la alcaldesa de «cambiar el arquitecto», remitiendo el trabajo de inspección fin de obra a un técnico diferente al que realizó el informe hace siete años y que ha llevado el expediente durante casi dos décadas.

Por todo ello, la Plataforma ha registrado un escrito dirigido al Concejal de Urbanismo y al jefe de la Unidad Administrativa, en el que se pone de manifiesto esta situación, pidiendo que se adopten las medidas legales necesarias para que esa inspección y su resultado «no vuelva a ser ignorado». Algo que consideran fundamental, ya que en el informe jurídico «incompleto» se basa la providencia remitida por parte de la alcaldesa, Raquel González, en la que se ordena a los técnicos municipales que realicen la inspección urbanística de fin de obra para el otorgamiento de una nueva licencia de apertura.

El coso taurino en la actualidad no cuenta con permiso de uso ya que, hace un año, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la licencia concedida en septiembre de 2014 al considerar que «no es conforme a derecho». El permiso de actividad se otorgó por cuatro de los ocho miembros de la Junta de Gobierno Local de entonces, liderada por la actual primera edil.

La sentencia recoge que solo se debería de haber procedido a la concesión del permiso de primera ocupación, «una vez determinadas las licencias de obras y las obras ejecutadas realmente», ya que «resulta evidente que existen unas modificaciones de las obras amparadas en las licencias iniciales». En esta línea, el juzgado incide en que, además, el solicitante de la licencia aportó en octubre de 2014 un refundido final de obra, posterior a la concesión del permiso impugnado.

Algo que, según la sala, «evidencia aún más que no podía haber obtenido la misma, sin determinarse previamente las obras ejecutadas, habiendo determinado e inspeccionado que las obras se habían ejecutado y, por lo tanto, si las mismas se adecuaban o no a las licencias». La resolución considera que todo ese proceso obligatorio por normativa «ha sido omitido claramente», por lo que se considera es «nulo de pleno derecho».

La licencia de apertura de la plaza de toros de Aranda se aprobó en una Junta de Gobierno Local en septiembre de 2014, solo con la presencia de cuatro de los ocho miembros del órgano ejecutivo, pertenecientes todos al Partido Popular. En este caso, votaron a favor la actual alcaldesa, Raquel González y el todavía responsable de la Concejalía de Obras, Alfonso Sanz, junto a las ya ex ediles Azucena Esteban y María Ángeles Marín. No acudiendo a la cita los otros cuatro miembros, Ángel Calvo, Celia Bombín, Javier Rojas y Diego Velázquez.