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Varias asociaciones y colectivos protestarán durante el jueves 19 de diciembre contra la instalación de macrogranjas, plantas de biogás y biometano en la provincia de Burgos. Abogan por la participación ciudadana en la elaboración de una ley al respecto y en la realización de estudios «rigurosos».
Vecinos de varios pueblos de la provincia de Burgos ya se han quejado en numerosas ocasiones acerca de estas «macroindustrias». De hecho, en Aranda de Duero se unieron unas 400 personas para mostrar su desacuerdo con la implantación de macrogranjas, plantas de biogás y de biometano que pudieran perjudicar el entorno rural burgalés.
En esta ocasión, la protesta se trasladará el jueves 19 de diciembre a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos. Los colectivos que se posicionan contra las macroindustrias han fijado las 10.30 de la mañana como hora para expresar al delegado territorial, y al presidente de la Junta, su descontento.
Estos colectivos se concentrarán bajo el lema «Mañueco, no queremos tus macroindustrias. Por nuestros pueblos, por nuestra tierra». Asimsimo, denuncian «la proliferación de estos proyectos», con los que entidades como la Denominación de Origen Ribera del Duero se ha posicionado en contra.
Entre las peticiones que trasladarán durante la reunión y concentración del jueves al delegado territorial, estas asociaciones rurales señalan que desean «una planificación territorial adecuada y estudios serios sobre los impactos sociales, económicos y medioambientales».
Por otro lado, exigirán al delegado que «escuche a las comunidades locales que estas puedan formar parte activa en la elaboración de leyes y legislaciones que regule de manera estricta estas actividades industriales».
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Por tanto, rechazan «la narrativa de economía circular», dado que defienden que las macrogranjas y macroplantas de biogás y biometano «no aportan sostenibilidad ni desarrollo real, sino pobreza, contaminación y deterioro de la salud pública».
También solicitarán la realización de «estudios rigurosos» de impacto ambiental y que los ciudadanos puedan participar en la «toma de decisiones y en el proceso de redacción de leyes y normativas que regulan estas actividades».
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