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La Plataforma de Afectados por la N-I, el colectivo que en los últimos años ha enarbolado la reivindicación para la liberalización de la AP-1 a su paso por Burgos, ha acogido con «satisfacción» el compromiso del nuevo ministro de Fomento, José ... Luis Ábalos, de levantar los peajes de la autopista una vez concluya el contrato de concesión el 30 de noviembre de este año. Eso sí, el portavoz de la Plataforma, Rafael solaguren, ha hecho un llamamiento a la «prudencia».
Y es que, tal y como ha recordado, en las últimas décadas se han sucedido los compromisos de unos y otros, como así se han sucedido sus incumplimientos. Así, insiste Solaguren, «tenemos que esperar hasta el 1 de diciembre» para ver si efectivamente se levantan definitivamente las barreras de los peajes.
Además, el portavoz de la Plataforma recuerda que, más allá de la propia liberalización de la autopista todavía «quedan muchos temas pendientes». «Esa carretera necesita más accesos» a las localidades del corredor Burgos-Miranda, así como «un tercer carril» capaz de asumir el ingente volumen de tráfico que ahora mismo se divide entre la autopista y la antigua nacional.
A mayores, Solaguren recuerda que, casi ocho meses después de la firma del convenio para el desvío obligatorio de camiones por la AP-1, éste todavía no se ha comenzado a aplicar. «El desvío tiene que ser inmediato», ya que, a pesar de que 'sólo' quedan cuatro meses de concesión, «en esos cuatro meses se pueden salvar muchas vidas», subraya.
Por eso, desde la Plataforma se seguirán «reinvindicando» las mejoras que a su juicio necesita el corredor viario entre Burgos y Miranda. Unas reivindicaciones que, según Solaguren, han «tenido mucho que ver» en la decisión anunciada por Ábalos. «La comunicación con el Ministerio es mucho más fluida» que la que había con el anterior Gobierno, asegura Solaguren al tiempo que adelanta que el colectivo dará cierto «margen» para ver cómo se concreta la decisión «después de 44 años y medio» de concesión.
Y es que, a su juicio, «las autopistas de peaje generan discriminación» entre los territorios e incrementan la «siniestralidad» de las vías libres de peaje que discurren por su entorno. «Sólo ganan las empresas concesionarias», concluye.
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